LA PAZ, Bolivia (AP) — La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, será atendida en la cárcel por una unidad forense tras un cuadro de hipertensión que padece a cinco días de su detención preventiva acusada de sedición, conspiración y terrorismo.
La noche del viernes, el mismo juez que horas antes había determinado que la exmandataria fuera atendida en una clínica retrocedió y determinó que sea tratada en la misma cárcel. La familia pedía en las puertas del penal que su cardiólogo la valore asegurando que en su audiencia nuevamente se elevó su presión arterial y eso comprometería el corazón. Sin embargo, el juez Armando Zeballos justificó su decisión argumentando que exgobernante estaba aislada y se busca evitar un contagio de coronavirus.
“Me parece que ellos quieren ver muerta a mi madre, no tienen voluntad de nada, traje un cardiólogo, pero tampoco lo dejan ingresar. Estoy muy indignada y sé que mi madre tiene otra crisis”, expresó Carolina Ribera, la hija de Áñez.
Poco antes, el presidente Luis Arce dijo que no busca venganza sino justicia tras la detención Áñez.
Se refirió al tema después de una semana de que Áñez y dos de sus ministros fueron aprehendidos y llevados a una cárcel con detención preventiva acusados de sedición, conspiración y terrorismo.
“No nos mueve el odio, ni la venganza; lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia”, dijo el mandatario el viernes en la inauguración de un congreso de un grupo de mujeres llamado Bartolina Sisa.
“Los que nunca ganaron las elecciones quieren disputarnos el poder… No lo vamos a permitir, pedimos respeto al pueblo boliviano”, agregó luego de mencionar que él considera que en noviembre de 2019 hubo un golpe de Estado al expresidente Evo Morales y negó que haya habido un fraude electoral, por lo que tildan a Áñez de “golpista”, ya que ella asumió la presidencia tras la renuncia de Morales en medio de una crisis política y social que dejó al menos 36 fallecidos.
Arce ganó las alecciones el año pasado.
La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica negó en un comunicado que en Bolivia haya habido un golpe de Estado y aseguró que junto con la Unión Europea y la embajada de España propiciaron una reunión para pacificar el país y convocaron a todos los actores políticos, entre ellos, representantes del partido de Morales.
En tanto, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío —quien estuvo a cargo de las investigaciones y las detenciones de Áñez y sus dos exministros— renunció este viernes a su cargo “por motivos estrictamente personales y de salud”.
En la víspera, Arce mantuvo un encuentro virtual con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con quien analizó “el proceso de recuperación de la democracia en Bolivia y la situación de la pandemia a nivel mundial”. Días antes, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Estados Unidos realizaron el mismo pedido.
El expresidente Carlos Mesa, líder de la fuerza opositora en la Asamblea Legislativa consideró que es un “abuso completo” la forma en la que se trata a una exmandataria. ”Áñez no debía estar presa, está presa ilegalmente e injustamente, acusada de un delito que nadie ha cometido, que ella no ha cometido. No debería estar presa y pedimos su libertad”, agregó.
Con información de AP.
