Quedó muy atrás aquél día en que López Obrador profirió la frase que tanto estigma le causó, “al diablo con sus instituciones”, y en cambio, muy reciente esa de la que echa mano frecuentemente, “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.
Esta última muy ad hoc para la situación y los acontecimientos que se están suscitando en torno a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, un tema de política pública que ha generado desencuentros entre el Gobierno y algunos sectores sociales y empresariales que se reúsan a que la legislación tenga algunos cambios.
La realidad es que todo el conflicto inició el 15 de mayo de 2020, cuando el Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, para establecer el orden de prelación en el que las distintas empresas productoras de energía podían transmitir y distribuir su producción en la infraestructura eléctrica del Estado. Dicho Acuerdo nunca pudo ser implementado, debido a que los actores involucrados se ampararon y no lo permitieron.
El Gobierno, por su parte, escogió no pelear esa batalla y esperar sabiamente mejores tiempos. Fue así que a finales del año anterior el Presidente decidió echar mano de su legitimidad política y jurídica, así como de la mayoría legislativa que lo acompaña en calidad de representantes populares, y anunciar que empezando el 2021 enviaría una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
En principio la crítica se limitó a señalar que este cambio legislativo sería inconstitucional, como si el orden jurídico existente fuese una “esencia” y lo justo solo pudiera emanar de un ordenamiento legal inmutable. En todo caso, lo que sí es una esencia constitucional, es que la materia energética es un tema de seguridad nacional, de soberanía e interés público; por lo que circunscribir el asunto a una cuestión de competencia económica hablaría de intereses facciosos incapaces de cooperar con el subconjunto más grande, el Estado.
Posteriormente López Obrador cumplió su compromiso y envió el proyecto de reforma que sería publicado, una vez que pasó por el Legislativo, como “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica” el 9 de marzo pasado. Esta reforma consistió en cambiar la redacción de 9 artículos de la ley previamente aplicable, en los que únicamente se cambia el orden de despacho de la energía eléctrica que se transmite a la red para su distribución.
El Decreto ni siquiera entró en vigor cuando un juez de distrito ya había dictado una suspensión a dicha normativa, no solo para una empresa que recurrió a ampararse, sino que lo hizo extensivo a todas las empresas involucradas.
Al día siguiente el Presidente solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que investigara al juez que había otorgado la suspensión provisional. Estas acciones desencadenaron algunas opiniones, quejas y señalamientos delicados, sin embargo, lo más importante es que va a generar un intenso debate en torno a una cuestión que considero sumamente relevante: el actuar ético en torno al ejercicio de la práctica profesional.
En realidad no es importante si existe una o varias suspensiones provisionales, sino conocer de qué manera desempeñan sus actividades sustantivas los integrantes del Poder Judicial. El orden jurídico es una violencia socialmente aceptada, únicamente porque es precisamente el “contrato” de violencia que toda sociedad civilizada decide suscribir.
Tengo para mí que los dos jueces que dictaron las suspensiones provisionales aplicaron criterios tan simplistas que a fin de cuentas daba igual si el juzgador estudió o no, y desde ahí podríamos argumentar que un servidor público que actúa como autómata es nocivo para la vida y el interés público de cualquier ciudadano, pues si es un autómata no es un agente de cambio, y los agentes de cambio son los únicos que pueden llevarnos al progreso, al propósito de vivir en un país menos violento y más civilizado.
