Por Leandro Lutzky
Ciudad de México, 1 de febrero (RT).- A fines del 2020 aparecieron miles de peces muertos en el Río Salado de la provincia de Santa Fe (Argentina), con duras fotografías que rápidamente se compartieron en redes sociales y encendieron las alertas de los ambientalistas del país sudamericano. Este grave hecho reavivó polémicas y duros cuestionamientos en torno al sistema productivo argentino, donde se destaca —hace décadas— el modelo extractivo de recursos naturales.
Santa Fe es, por excelencia, uno de los bastiones principales en el desarrollo de cultivos transgénicos, como la soja, destinados principalmente a la exportación. Entre las críticas principales a esta actividad se destaca que, además de vender productos primarios y generar más dependencia de los países desarrollados, los agroquímicos usados en los campos locales pueden impactar severamente en el medio ambiente.
Para intentar develar el misterio de los peces fallecidos, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizó un informe, ha pedido de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de aquella provincia. El estudio elaborado en enero, al cual tuvo acceso RT, expone que los vertebrados analizados tenían el herbicida 2,4-D y el insecticida clorpirifós, en branquias e hígado.
Los expertos del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas detallaron algunas características de ambos componentes. El primero, uno de los agroquímicos más usados en Argentina, es utilizado en la fase previa de la siembra transgénica de soja y maíz. “Se considera como un compuesto que puede causar efectos perjudiciales duraderos para la vida acuática, en especial para peces”, se lee.
El otro, calificado como un “potente y letal insecticida” de carácter “neurotóxico”, es el más común del rubro para controlar plagas en esa nación. Los autores del documento afirmaron que presenta “grandes riesgos para la salud humana y animal”, ya que “sus exposiciones crónicas pueden causar déficits cognitivos y conductuales”. De hecho, en la gran mayoría de los peces moribundos analizados, de las especies sábalo y moncholo, se visualizaron “movimientos de natación erráticos”, como convulsiones, torsiones, aletargamientos y espasmos. Es por eso que la Unión Europea (UE) ya había prohibido el uso de clorpirifós en enero del 2020.
El texto añade que aunque no se detectaron plaguicidas en aguas superficiales, en todas las muestras tomadas en sedimentos de los márgenes del río “sí se obtuvieron valores detectables del herbicida glifosato”. Esto ya ocurrió en investigaciones previas sobre otras cuencas agrícolas argentinas, y se debe a que las lluvias generan un drenaje hacia ríos o arroyos cercanos, movilizando partículas de agroquímicos.
Además, la excesiva presencia de materia fecal restringe la posibilidad de usar aquel río con fines recreativos y, por supuesto, de disponer del agua para consumo humano, según los parámetros establecidos por autoridades nacionales y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“EL INFORME NO ES ALARMANTE”
De forma reciente, el Gobierno del peronista Omar Perotti consideró que la muerte de estos animales acuáticos se debió a la falta de oxígeno, y no a la contaminación.
Consultado por este medio, el procurador general de la Corte Suprema provincial, Jorge Alberto Barraguirre, indica que “las causas específicas por la mortandad de peces en el río Salado obedecen a factores climáticos extremos, tales como la bajante extraordinaria de aguas y su muy escasa oxigenación”.
En esa línea, agrega que el informe, solicitado por la propia Procuración, “no es alarmante”, al no reflejar que la presencia de agroquímicos haya superado los topes establecidos: “En el agua están lejos de los niveles máximos permitidos por las guías de protección”, expresa. Igualmente, los académicos remarcaron que para los sedimentos –donde hallaron glifosato– “no existe legislación o niveles guía”.
Barraguirre señala que el estudio sí muestra los conflictos de la vida acuática, “cuyo impacto sobre ella no puede determinarse específicamente”. De todos modos, aunque el reporte no determine que los fallecimientos se deban a los agentes tóxicos encontrados, los investigadores subrayan que “no se puede descartar” esa posibilidad. Esto, “fundamentalmente por su detección simultánea durante un evento de mortandad masiva en ejemplares moribundos de la misma especie, en sitios distintos y muy alejados”.
Por ello, los firmantes piden “un monitoreo más exhaustivo” del lugar y recomiendan “modelos de producción sustentables no contaminantes”, para “comenzar a remediar y restaurar la cuenca de la presencia de sustancias tóxicas”. Además, para comenzar a mitigar el daño, “se plantea la urgente necesidad de aumentar la distancia de los cultivos transgénicos dependientes de plaguicidas a los ambientes acuáticos”.
Entre tanto, el procurador le explica a RT que antes de plantear nuevas medidas judiciales, están acordando con la universidad hacer estudios bianuales para analizar la presencia de los agroquímicos e insecticidas detectados en peces y sedimentos, “para dimensionar sus causas y consecuencias”.
RT: En caso de quedar evidenciada una posible negligencia que colaboró en la contaminación del agua, ¿qué clase de sanciones se podrían aplicar?
J.A.B: Hay mecanismos civiles y penales. Estos, básicamente, consisten en la imposición de una pena. Aquellos, los civiles, esencialmente más variados y de tipo preventivo, buscan específicamente prevenir el daño o, en su caso, mitigarlo o recomponerlo. Si se estableciera el origen y el tipo de impacto de agroquímicos sobre recursos ambientales tales como el río Salado y su fauna, las medidas serían de prevención y recomposición. Si esta última fuera de imposible cumplimiento, se reemplazaría por el pago de una indemnización por daños ambientales.
RT: ¿Cómo calificaría la legislación actual para controlar el uso de agroquímicos en Santa Fe? ¿Efectiva o permisiva?
J.A.B: La legislación provincial no ha sido mala (de hecho, como en otros campos, fue pionera), pero tal vez requiera de ciertos ajustes y actualizaciones.
NORMATIVA ARGENTINA
A nivel nacional, la Ley General del Ambiente estipula el denominado principio precautorio. Esto significa que, frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible sobre la naturaleza, la falta de información o certezas científicas no deberían usarse como justificación para postergar la implementación de medidas preventivas que impidan la contaminación. Ante la duda, hay que actuar.
