El presidente López Obrador recurrió al recurso de iniciativa preferente al enviar, en el inicio del período legislativo, una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para incorporar los lineamientos de la nueva política energética, eliminando “privilegios” a los generadores privados de este recurso con cambios en el sistema del despacho del mismo.
De manera que se busca que, en primer lugar, a la red de distribución de energía deberá subirse aquella producida en las hidroeléctricas; en segundo lugar la generada en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica y solar de particulares y, hasta el final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
Las modificaciones al mecanismo de despacho de las centrales eléctricas son el propósito de la iniciativa.
Los cambios también buscan establecer, además, cuándo una central generadora de electricidad será propiedad de la CFE y diversas obligaciones de los particulares en contratos de cobertura para la entrega del suministro.
Bajo la precisión de que ese servicio es de interés público, las modificaciones prevén otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios, cuando sea técnicamente factible.
La reforma propuesta por el presidente López Obrador no es de carácter constitucional, ya que las iniciativas preferentes se limitan a cambios de leyes generales.
Consecuentemente, las modificaciones que deberán tener prioridad en la Cámara de Diputados, en el actual período de sesiones, podrán salir adelante sin necesidad de los votos de la oposición, pues sólo se requiere mayoría simple para concretarlas.
En la exposición de motivos, el ejecutivo Federal señala que “con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado”.
Se plantea además en el documento que “desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal y neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
Se critica que en el gobierno anterior se otorgó plena cobertura legal a esta política con la llamada reforma energética consistente en modificaciones constitucionales y legales a base de sobornos entregados a legisladores y que por ello la Comisión Federal de Electricidad “quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores”.
Información tomada de www.excelsior.com.mx
