Tokio, 22 de enero (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó este viernes una serie de proyectos de ley para penalizar a las personas y negocios que no cumplan las medidas contra la COVID-19, en un momento en el que el país atraviesa su tercera y peor ola hasta el momento.
La legislación contempla penas de prisión para los pacientes que se nieguen a ser hospitalizados, como marca la actual ley de enfermedades infecciosas del país, y sanciones pecuniarias para los negocios que ignoren las órdenes de cierre o reducción de horario comercial con motivo de la pandemia.
La normativa todavía debe ser debatida con la oposición y aprobada en el parlamento, algo que se espera que suceda en febrero, dada la mayoría de la coalición gobernante en ambas cámaras.
Japón atraviesa su tercera y peor ola de COVID desde que estallara la pandemia, habiendo registrado en torno al 50 por ciento de los casos totales (351 mil 020 hasta el jueves) y muertes por el patógeno (4 mil 830) contabilizadas sólo en el último mes y medio.
El Primer Ministro nipón, Yoshihide Suga, ha declarado un segundo estado de emergencia en 11 de las 47 prefecturas del país (entre ellas Tokio), que se prolongará en principio hasta el 7 de febrero.
Bajo la declaración, las autoridades han pedido a los residentes que eviten las salidas innecesarias y a los locales de hostelería que adelanten su hora de cierre a las 20:00, aunque actualmente el país no impone sanciones por no cumplir.
Uno de los proyectos de ley, que revisa la mencionada ley de enfermedades infecciosas, contempla penas de hasta un año de cárcel o una multa de hasta un millón de yenes (unos 7 mil 940 euros ó 9 mil 660 dólares) para las personas que se nieguen a ser hospitalizadas.
El posible encarcelamiento es uno de los puntos más polémicos del proyecto y se espera que sea uno de los que más debate genere.
La revisión también otorga más poder al Gobierno central y los locales para emitir advertencias a las instalaciones médicas para que acepten a pacientes de COVID-19 y poder publicar los nombres de las que no lo hagan.
El otro proyecto, que enmendará la ley de medidas especiales contra la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, permitirá a las autoridades locales emitir órdenes de reducción de horario comercial o cierre temporal, incluso fuera de un estado de emergencia.
Los negocios que no cumplan podrían recibir multas de hasta 300 mil yenes (unos 2 mil 380 euros ó 2 mil 900 dólares), que ascenderían hasta 500 mil yenes (3 mil 970/4 mil 830 dólares) en caso de que el territorio se encontrara en estado de emergencia, entre otras medidas.
