El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que busca controlar la presencia de agentes de la DEA en México, permitirá tener un “marco legal claro”.
“Hay una iniciativa en este sentido para normar la relación porque no existe un marco legal claro sobre la cooperación. En otros países hay reglas y normas, (incluso) en Estados Unidos, de lo que pueden ellos permitir a integrantes de otros gobiernos realizar en su territorio”, dijo el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
López Obrador envió el viernes al Senado mexicano una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir la presencia de agentes extranjeros, entre ellos los de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), cuya presencia ha tenido varias polémicas a lo largo de la historia.
“Muestra una clara defensa a la autonomía, la independencia y la soberanía nacionales”, expresó este lunes Ricardo Monreal, líder de la bancada oficialista en el Senado, al compartir la iniciativa del mandatario.
Cuestionado este martes sobre el tema, López Obrador remarcó que el Ejecutivo busca “de una vez” resolver la situación y que “las reglas estén claras”.
“Que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable, que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo. Es decir, poner orden”, puntualizó.
Concluyó diciendo que se quiere “ordenar” y por ello se mandó una iniciativa al Congreso, que esperó que se apruebe en el actual periodo ordinario de sesiones.
“Ya está en estudio tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores“, apuntó.
La iniciativa ocurre tras tensiones bilaterales por la captura del exjefe del Ejército de México Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles tras una investigación de la DEA que Washington no compartió con el Gobierno de López Obrador.
El exsecretario de la Defensa Nacional durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) afrontaba cinco cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero tras una investigación de la DEA. Pero tras el reclamo de López Obrador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó el 17 de noviembre retirarle los cargos y devolverlo en libertad a México, donde la Fiscalía General de la República abrió una investigación.
En ese momento, el mandatario negó haber amenazado a Estados Unidos con expulsar a los agentes de la DEA del territorio mexicano.
Información de mvsnoticias.com
