La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que se incluye dentro de la Organización de Estados Americanos, emprendió esta semana una misión de defensa de las víctimas de abuso sexual por parte de las instituciones religiosas de 19 países de la región. Tras una audiencia inédita sobre esta problemática, la CIDH se comprometió a trabajar con otros grupos para que ni los Estados ni el clero queden impunes ante unos casos de los que se ignora su totalidad.
La pederastia en la Iglesia católica es uno de los temas tabú en América Latina. Por esa razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará a pronunciarse sobre todos los casos de estos delitos que afectan a curas y religiosos de la mayoría de los países de la región, pero de los que apenas se sabe nada.
Ya este jueves 3 de diciembre, la organización, que abordó la pederastia clerical por primera vez en su historia, se comprometió a trabajar con los grupos y oenegés que defienden a las víctimas para garantizar que los Estados de los 19 países afectados protejan mejor los derechos de los menores y que sus abusos no queden impunes.
“Tienen nuestro compromiso más firme y absoluto de que estamos en esta causa”, expresó durante la audiencia pública Flávia Piovesan, vicepresidenta de la CIDH, mientras que la relatora de los derechos de los menores, Esmeralda Arosemena, hizo hincapié en que la Comisión hará uso de todas las herramientas para “pedir información (sobre la) impunidad de los casos que no están siendo resueltos”.
El objetivo principal, según han informado, es cuestionar “la responsabilidad” que tienen los gobiernos latinoamericanos en el encubrimiento de los causantes de los abusos y las violaciones, y en la falta de justicia hacia las víctimas, algo que va en contra de los derechos humanos de los infantes y adolescentes.
Así lo recoge la agencia de noticias AP en su encuentro con Adalberto Méndez, el coordinador de la asociación ECA (en español, Fin de los Abusos Clericales), quien afirmó que esta problemática “no es un tema de fe”, sino “un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos”, así como de Estados que, de manera “generalizada y sistemática”, abandonan a las víctimas y dejan sin castigo a dichos crímenes.
En este sentido, AP recuerda que en 2014 la Organización de las Naciones Unidas reprendió hasta dos veces al Vaticano por no haber evitado y denunciado abusos sexuales de sacerdotes a menores. Hoy, seis años después, es la CIDH en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) la que busca ir más allá de esta punta del iceberg, incluyendo el actuar de todos los países e instituciones religiosas.
Ya que, de acuerdo a un informe de 2019 de la Red Internacional por los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés), solo contando cuatro de estos países de la región se suman más de mil denuncias: México cuenta con al menos 550 de estas, Chile por su lado reporta unas 243, mientras que Colombia y Argentina tienen 137 y 129 respectivamente.
Con estos datos, CRIN alertaba además de una invisibilización del problema en naciones como Brasil, cuando el propio Vaticano calculaba en 2005 que por cada diez sacerdotes brasileños al menos uno estaba involucrado en estos abusos, lo que supone cerca de 1.700 religiosos.
Por ello, el pronunciamiento de este jueves, y la misión que ha asumido de forma pública la Comisión, que en el pasado había eludido su posible rol en el tema, es un paso importante a la hora de instar a los países latinoamericanos a tomar medidas y dar una nueva oportunidad a las víctimas que hayan agotado las vías judiciales en sus territorios y contra los sacerdotes que los violaron. De llegar a intervenir la Corte Interamericana de DD. HH. podría darse una ola de denuncias silenciadas.
Denuncias que la CIDH, durante su audiencia pública de esta semana, pidió saber, mostrando a la vez su solidaridad hacia las víctimas y los defensores o periodistas que han ido registrando estos abusos, aún a riesgo de ser perseguidos. De hecho, la organización pudo oír algunos testimonios de hostigamiento y persecución contra quienes buscan que se haga justicia.
Y es que la investigación de estos casos se antoja muy difícil por varios motivos. Sin obviar la estigmatización que sufren estas víctimas, en todos los países menos en Argentina, Chile y Ecuador, los casos prescriben pasado un tiempo. Algo que va en perjuicio de las víctimas, que pueden tardar décadas en dar el paso para denunciar a sus agresores de la infancia.
A esto hay que añadirle que la mayoría de los países de la región tiene una serie de acuerdos con el Vaticano, llamados concordatos, que limitan cualquier investigación a nivel nacional que se pueda hacer contra la Iglesia católica.
El papa Francisco ha prometido en varias ocasiones una política de tolerancia cero hacia los abusos clericales y ha propiciado investigaciones puntuales y reformas que en 2019 acabaron con el secreto pontificio y actualmente obligan a los obispos a denunciar los casos ante la justicia civil.
Pero las leyes siguen siendo ignoradas por algunos miembros de la Iglesia que desestiman las denuncias de las víctimas y optan por proteger a sus sacerdotes. Además, los casos que sí se judicializan se centran, sobre todo, en los victimarios, pero no en sus cómplices o encubridores, que son los destinatarios del actual movimiento ante la CIDH.
El abogado Sergio Salinas, quien dio seguimiento al caso de abusos sexuales en la escuela Antonio Próvolo, una escuela católica romana para niños sordos en Argentina, señaló a AP que los gobiernos “han tenido una posición de omisión, de no controlar a la Iglesia a pesar de que los niños fueron abusados en esas instituciones”.
