El llamado de auxilió que hacen los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) con el comunicado de la semana pasada, es una clara señal de que esta población ha sido olvidada tanto por el gobierno federal como por el estatal. De acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de los activistas de las comunidades afectadas por el derrame del 2014, los pozos de los siete municipios contaminados en el más grande desastre ambiental de la historia minera del país, siguen registrando altos niveles de arsénico y plomo de acuerdo a un monitoreo realizado por la Cofepris en el 2020.
En la relatoría que hacen los CCRS, nos enteramos que esta información del monitoreo de los pozos en el 2020 es obtenida por una solicitud que los activistas hicieron en octubre al subsecretario Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, y que fue contestada el 11 de noviembre a través de Cofepris. Reconociendo los alarmantes resultados, que a su vez son la confirmación de algo que los afectados ya suponían: que sus fuentes de agua siguen contaminadas con metales pesados.
Supuestamente uno de los compromisos que la empresa hizo cuando se conformó el Fideicomiso Río Sonora, fue el monitoreo constante de pozos para tener informada a la población, sin embargo, esto estudios se dejaron de realizar cuando la Grupo México dio carpetazo y cerro dicho fidecomiso, argumentando que ya había pagado su deuda con la sociedad y el medio ambiente. Ninguna autoridad se opuso a la empresa, todo lo contrario, se dieron por satisfechos y se olvidaron de los afectados por el derrame.
Este agosto el desastre ambiental cumplió seis años. El seis de agosto, día del fatídico aniversario, el presidente estuvo en Sonora y tuvo una mañanera. No hizo ninguna mención del Río Sonora, ni de Grupo México. La omisión es contundente y dice mucho el silencio del presidente, después de tantas promesas de justicia ambiental que realizo en campaña.
Lo que nos dicen los resultados de los nuevos monitoreos es que gobiernos van y gobiernos vienen, promesas de campañas se hacen y el tiempo pasa sin que nada se cumpla, pero la contaminación continua al igual que la población expuesta a los tóxicos sin que ningún nivel de gobierno los atienda y le garantice su derecho humano al agua de calidad, a la salud y al medio ambiente sano. Y ya no hablemos de castigo a los responsables ni de medidas de no repetición porque es claro que el neoliberalismo extractivista sigue mandando en el país.
Viene la campaña para el gobierno del Estado y aún no se ve que quienes aspiran a ese cargo se atrevan a mencionar al Río Sonora. Tal vez porque trae muchos problemas y sus poblaciones en cuanto a votos no representa mucho. Sin embargo, yo si quiero recordarles que recuperar la cuenca del Río Sonora es vital para el futuro de la entidad. En esta se encuentra la capital del Estado y sus aguas son necesarias para que Hermosillo siga siendo una ciudad pujante, incluso en el estudio “Reathinking Hermosillo” que realizó el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) con investigadores de Harvard para el IMPLAN, se contempla en el punto ocho la importancia de recuperar el cauce del Río Sonora.
La entidad necesita que la cuenca del Río Sonora este sana porque de ella no solamente depende los 22 mil habitantes de los siete municipios afectados por el derrame, sino más de un millón de habitantes. Porque para que en el futuro Hermosillo no necesite seguir dependiendo del vital liquido de otros municipios, provocando divisiones sociales en la entidad, el Río Sonora debe recuperarse. Pero, sobre todo, garantizar el derecho humano al agua de calidad para todos los habitantes de la cuenca es una obligación de los gobiernos, tanto Estatal como Federal. De aquí que no es cosa menor que quienes quieran gobernar Sonora empiecen a hacer propuestas realistas de como recuperar la cuenca del Río Sonora y garantizar con eso lo mínimo que piden los CCRS, tener pozos sin contaminación, un río limpio y acceso a la salud. La parte de hacer justicia ambiental, esa les corresponderá a las autoridades federales, pero mínimo ya es hora de cumplir con lo que por obligación el Estado debe cumplir.
