Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- No todo el dinero que el Gobierno federal le entregó a los estados el año pasado fue bien utilizado. La información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica: 31 gobiernos estatales generaron probables daños al erario público por 23 mil 331 millones 738 mil 917 pesos provenientes de partidas de gasto federalizado.
Lo anterior se da en un contexto en que el gasto federalizado del próximo año será inferior al de 2020, lo que implica que los gobiernos estatales tendrán menos dinero para realizar sus actividades. Algunos gobernadores acusan que el recorte presupuestario supone una situación de riesgo para cumplir con sus funciones, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que con austeridad y un buen manejo de recursos, los estados no enfrentarán mayores problemas que los que ya tienen.
Si bien es cierto que la reducción del dinero federal impactará en el desempeño de diversos programas públicos a nivel local, año con año las irregularidades en el uso del gasto federalizado reducen la eficiencia presupuestaria y minan el impacto de los fondos gubernamentales, por lo que prevenirlas y subsanarlas contrarrestaría parte de las insuficiencias que el recorte del gasto federalizado pueda llegar a causar, máxime si se considera que los probables daños detectados en 2019 por la ASF son equiparables, por ejemplo, a la quinta parte del monto (115.5 mil millones de pesos) de la reducción planeada del gasto federalizado para 2021.
Los probables daños referidos están relacionados con siete rubros de gasto. El sector Salud concentró el 79.7 por ciento de los recursos públicos no solventados, con supuestos perjuicios económicos por 18 mil 606 millones 174 mil 325 pesos. Le siguen las irregularidades de las partidas de Saneamiento Financiero –que es dinero que la Federación transfiere a estados y municipios para reducir pasivos y mejorar la operación administrativa local– y de Participaciones Federales –que son recursos no etiquetados o de libre disposición– con respectivos daños por 3 mil 392 millones 706 mil 990 (14.5 por ciento) y 782 millones 184 mil 998 pesos (3.3 por ciento).
El resto de las anomalías está ligado a Educación, Seguridad, Inversión Física e Infraestructura Social, con un monto conjunto por probables daños de 550 millones 672 mil 603 pesos (2.4 por ciento).
El gasto federalizado en los estados incluyó el uso de recursos públicos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y para el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, así como para partidas del Seguro Popular. Al auditar estos rubros, la ASF encontró 18.6 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas de 30 entidades federativas, con las excepciones de Durango y Querétaro, donde las anomalías fueron solventadas.
Estímulos y salarios improcedentes, excesivos o injustificados, como aquellos dados a trabajadores que ya habían sido cesados; pago de bienes y servicios no encontrados, como en el caso de medicamentos que no fueron distribuidos a las unidades médicas y que tampoco fueron localizados en inventarios físicos; falta de comprobación de recursos aplicados y uso de cuentas bancarias no autorizadas, además de erogaciones para fines ajenos al fondo o programa, son ejemplos de las irregularidades cometidas en varios estados, entre ellos Baja California, Chihuahua y Michoacán, de acuerdo con las auditorías 2019-A-02000-19-0476-2020476-DS-GF, 2019-A-08000-19-0592-2020592-DS-GF y 2019-A-16000-19-0889-2020889-DS-GF.
Sin embargo, destacan los casos de Nuevo León y Tlaxcala, en donde la ASF determinó probables daños al erario público federal por 71 y 1.9 millones de pesos respectivamente, por triangular recursos sin que a la fecha de la auditoría fueran localizados, se lee en las auditorías 2019-A-19000-19-0972-2020972-DS-GF y 2019-A-29000-19-1257-20201257-DS-GF.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 para realizar transferencias a una cuenta bancaria del Hospital ‘Dr. José Eleuterio González’ de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual se realizaron transferencias a otra cuenta bancaria distinta a los objetivos del fondo, sin acreditar el ejercicio de los recursos”, dice la ASF sobre el gasto a cargo del Gobierno de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
“Se presume un probable daño o perjuicio […] por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a otras cuentas bancarias en donde se mezclan recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos […] sin que a la fecha de la auditoría, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala acreditara la devolución a la cuenta bancaria de origen y su aplicación en los fines del fondo o su reintegro a la Tesorería de la Federación”, indica asimismo la ASF.
Además de las irregularidades en cada caso, la ASF determinó por ejemplo que, en el caso del manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Aguascalientes, Ciudad de México y Nuevo León no realizaron una gestión eficiente y transparente de recursos.
En el último año, la Auditoría también revisó la aplicación de recursos federales en las entidades federativas a través de cinco fondos y programas relacionados con el sistema educativo nacional: Escuelas al Cien, Expansión de la Educación Inicial, Fondo de Aportaciones Múltiples y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, además del Programa Nacional de Inglés.
Derivado del uso de recursos, la ASF determinó que hubo 278 millones 348 mil 788 pesos en probables daños a la Hacienda Pública Federal en 25 entidades federativas, con las excepciones de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Colima, por ejemplo, hizo pagos a “asesores externos especializados” en el Programa Nacional de Inglés que resultaron ser personas que de acuerdo con la ASF, “también ocuparon una plaza en la nómina educativa de la entidad federativa”, lo que es violatorio de las disposiciones y reglamentos aplicables, refiere la auditoría 2019-A-06000-19-0681-2020681-DS-GF.
Dicho incumplimiento a la normativa del programa se repitió en el manejo del programa de Expansión de la Educación Inicial por parte de las administraciones de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
Entre otras anomalías detectadas en el gasto federalizado en materia de educación destacan la falta de aplicación de penas convencionales, la falta de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación, la transferencia de recursos cuyo destino es desconocido, así como bienes y servicios pagados que no fueron acreditados.
Infraestructura social
En materia de seguridad pública e infraestructura social, la ASF auditó cinco fondos y programas: Devolución de Aprovechamientos, Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), además del Programa de Mejoramiento Urbano.
Como consecuencia de las revisiones efectuadas, la Auditoría encontró probables daños al erario público por 208 millones 166 mil 823 pesos en materia de seguridad, así como 3 millones 858 mil 714 pesos relacionados con obras de infraestructura social, que constituye un ramo de inversión cuyo objeto es contribuir a satisfacer las necesidades básicas de la población en situación de pobreza y que financia proyectos para centros educativos y de salud, redes de comunicación, servicios básicos para hogares, entre otros.
En ambos casos, todas las irregularidades fueron halladas en la Ciudad de México. Lo que corresponde a seguridad pública implicó perjuicios económicos por falta de ejercicio y reintegración de recursos a la Tesorería de la Federación; y aquello ligado a infraestructura social estuvo relacionado con recursos que no fueron asignados y/o ejercidos por las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Tlalpan, pero que tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Por lo anterior, la ASF determinó que el Gobierno a cargo de Claudia Sheimbaum Pardo “no cumplió con las disposiciones normativas” respecto de la distribución y asignación de los recursos del FORTAMUN-DF y del FISMDF, se lee en las auditorías 2019-A-09000-19-0619-2020619-DS-GF y 2019-A-09000-19-0620-2020620-DS-GF.
En éste rubro las irregularidades ocurrieron en cuatro proyectos: tres obras hospitalarias (dos en Michoacán y una en San Luis Potosí), el desarrollo del Corredor Troncal de La Laguna (Coahuila) y la construcción y rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec (Morelos).
Diferencias entre volúmenes de obra reportados y encontrados o estimados y pagados, errores de cálculo y/o ajuste de precios unitarios, falta de amortización de anticipos otorgados, falta de aplicación o cobro de penas convencionales a contratistas, falta de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación y pagos excesivos o duplicados o indebidos o improcedentes son algunas de las anomalías detectadas por la ASF durante el ejercicio fiscal del año pasado.
La información oficial indica que el probable daño a la Hacienda Pública Federal en la materia ascendió a un total de 60 millones 298 mil 278 pesos.
El ejercicio de las participaciones federales, que son recursos que los estados utilizan libremente, generó probables perjuicios económicos por 782 millones 184 mil 998 pesos. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit y Veracruz fueron las entidades federativas en que hubo registro de anomalías.
Afectaciones a las participaciones federales municipales por créditos de corto plazo y manejo de recursos financieros, deducciones injustificadas, entrega extemporánea de participaciones con falta de pago de rendimientos financieros, falta de acreditación o pago de recursos y rendimientos financieros generados por ministración tardía de participaciones fueron las irregularidades no solventadas que la ASF encontró con relación al ejercicio fiscal de 2019.
En materia de participaciones federales, la mayor parte de los estados –a pesar de las anomalías y de los montos por aclarar– manejó los recursos públicos de manera adecuada. Sin embargo, en el caso de Veracruz, la ASF determinó que “no realizó una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa”, se lee en la auditoría 2019-A-30000-19-1278-20201278-DE-GF.
Un caso igual al de Veracruz fue el del Gobierno de la Ciudad de México que, aunque no generó probables daños, tampoco fue capaz de ejercer de manera adecuada sus recursos, ya que “no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y asignación de los recursos de las participaciones federales a las alcaldías de la entidad federativa”, se lee en la auditoría 2019-A-09000-19-0618-2020618-DE-GF.
Por otro lado está el rubro de saneamiento financiero, que es dinero que la Federación transfiere a estados y municipios para reducir pasivos y mejorar la operación administrativa local. De acuerdo con los datos analizados por SinEmbargo, 14 entidades federativas causaron probables daños al erario público por 3 mil 392 millones 706 mil 990 pesos.
Entre las irregularidades no solventadas están el uso no autorizado de ingresos excedentes, la falta de constitución de fondos, la falta de documentación comprobatoria y justificativa de aplicación de recursos públicos, los incrementos injustificados de asignaciones para servicios personales, además del uso excesivo de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (2018).
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