La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de súplica presentado contra la autorización de la extradición a territorio mexicano del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él en México.
El pasado mes de julio el industrial depositó una fianza de un millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba su entrega.
-Anuncio-Este viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de este órgano confirma de forma unánime la entrega de este empresario al considerar que los hechos por los que le persigue la Justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.
La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México SA a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector General de Pemex Emilio Lozoya por un importe de 3.4 millones de dólares.
En noviembre del mismo año Emilio Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de ciudad de México y un mes después, una vez elegido director general de Pemex propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.
-Anuncio-Los hechos investigados, según los veinte magistrados que conforman la Sala de lo Penal de la Audiencia española, encajarían en delitos de cohecho, blanqueo de capitales fraude o incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”, concluyen los magistrados.
El auto argumenta que Alonso Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, “pagando por adelantado ( dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a Tochos, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya, cuando ya sea director General de la empresa estatal Pemex la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.
La Sala descarta la prescripción alegada por la defensa del empresario al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.
