Redacción | Yo También
Violencia, abuso sexual, esterilización forzada, aborto forzado y trata con fines laborales o sexuales son prácticas frecuentes en orfanatos, instituciones psiquiátricas, centros de asistencia social y albergues para personas con discapacidad en todo el país.
El informe “Crímenes de lesa humanidad: décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad”, que puedes descargar aquí, elaborado y documentado por la organización Disability Rights International (DRI), establece que el Estado mexicano no ha creado los apoyos que permitan a las personas con discapacidad (pcd) llevar una vida plena en su comunidad.
“A pesar de los abusos documentados y expuestos durante décadas, México no ha creado sistemas de supervisión y monitoreo a fin de proteger a sus poblaciones institucionalizadas”, reza el documento. Cabe mencionar que DRI ha elaborado anteriormente otros informes revelando cuestiones similares, que no han cambiado pese a denuncias, en 2000, 2010 y 2015. Por esa razón, las personas con discapacidad pueden ser segregadas de la sociedad y expuestas a riesgos si son enviadas para supuestamente ser atendidas en alguna institución, con el agravante, si es que faltara alguno, de que en el país no hay datos precisos sobre esta situación. De hecho, ni la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, el DIF y el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SIPINNA) cuentan con un registro exacto del número de personas que han sido colocadas en estas instituciones.
La presentación del informe fue realizada durante una conferencia virtual encabezada por Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI; Priscila Rodríguez, directora asociada de la organización; Juan E. Méndez, ex Relator Especial sobre Tortura de la ON; Katia D’Artigues, periodista y fundadora de Yo También y Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) De acuerdo con Rosenthal, desde hace ya 20 años, cuando presentaron su primer informe, DRI y otras organizaciones han denunciado violaciones graves a los derechos humanos en México, las que incluso han ocasionado la muerte de muchas de las personas, sin que hasta el momento haya habido sanciones para los responsables.
“La esterilización forzada, la tortura, malos tratos, son delitos que se deben castigar si no los abusos no van a terminar. Es necesario que la Comisión Internacional (para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad) examine esto como crímenes de lesa humanidad”, afirmó Rodríguez, al llamar a erradicar la impunidad para evitar que esas prácticas se perpetúen.
Para el ex Relator Especial sobre Tortura de la ONU, la falta de investigación y sanción pone al Estado mexicano en una situación vulnerable en el tema de derechos humanos y urgió a acabar con la complicidad de las autoridades.
Mientras que Katia D’Artigues puso el acento en la urgencia del acompañamiento internacional para el tema, dado que en México no hay acciones contundentes ni una institución encargada del tema, como por ejemplo que no hay titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), desde inicios del sexenio y que mantiene el tema en “estado zombie”.
