Por Débora Montesinos/Yo También
México llegó a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental con una serie de pendientes sobre un tema que impacta directamente en las alrededor de 15 millones de personas, que es la cifra que la Secretaría de Salud calcula son usuarias frecuentes de los servicios de salud mental.
La oportunidad que abrió a finales de julio con el anuncio de un parlamento abierto -tras un alud de críticas al intentar pasarla fast track- para definir el futuro de la iniciativa de Ley General de Salud Mental. Así se redefinió con la concurrencia no solo de legisladores y especialistas médicos, sino también de activistas y organizaciones, y parece haber entrado en un compás de espera.
“En realidad, ya va para un mes que la senadora (Geovanna Bañuelos) no nos da apertura. No hemos tenido juntas con ella, se han abierto otros espacios, a otros niveles legislativos, en donde se ha seguido con el cabildeo, pero hasta ahí”, explica Gabriela Aragón, integrante del colectivo Sin Colectivo.
Y es que aparentemente ha habido pocos o ningún avance.
No obstante, ese cabildeo alcanzó ya a distintos actores políticos con quienes miembros del Colectivo Salud Mental con Derechos buscan encontrar alternativas para frenar la violencia psiquiátrica y entonces sí hablar de un cambio real en materia de salud mental en el país.
“Hay quienes piensan que es inevitable la coerción. Eso no es así, muchas y muchos expertos en el tema, algunas personas con experiencia vivida, están diseñando respuestas alternativas para atender las llamadas crisis de salud mental”, explica Carlos Ríos Espinosa, abogado y especialista en derechos de las pcd.
De ese trabajo del Colectivo Salud Mental con Derechos (integrado por más de 120 activistas y una treintena de organizaciones, entre ellas Documenta A.C., Sin Colectivo, Human Rights Watch, Dis-capacidad.com, Disability Rights International-Mexico, Entropía Social, A.C. y Yo También, entre otras) ha surgido una propuesta al capítulo de salud mental, que en breve será presentada con la intención de incluirla en la iniciativa de Ley General de Salud.
“El principio básico es que siempre se respete la voluntad de la persona y no se le coercione. Podrían establecerse equipos de respuesta inmediata para atender estas crisis para que de una manera cálida se pueda apoyar a quienes están experimentándolas”.
Este tipo de buenas prácticas ya se llevan a cabo en algunos países. La iniciativa Diálogo Abierto, que se ha convertido en el modelo psiquiátrico ordinario en Finlandia, opta por recuperar los propios recursos psicológicos de la persona para lograr la recuperación.
Otro modelo es el denominado Soteria, diseñado también para apoyar a personas con condiciones de salud mental que experimentan momentos difíciles.
Y son este tipo de modelos en los que activistas trabajan para integrarlos en la llamada #LeyBañuelos, como se le conoce a la iniciativa impulsada por la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, y que fue retirada minutos antes de ser discutida casi en fast-track en el Pleno gracias al empuje del Colectivo Salud Mental con Derechos.
El principal argumento que evitó la posible aprobación de la ley es que habría violado los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, quienes -además- no fueron consultadas ni se les invitó a aportar su experiencia para la elaboración de la ley.
Pero las pcd psicosocial no son las únicas destinatarias de la Ley General de Salud Mental.
A lo largo de su vida, cualquier persona puede tener alguna dificultad psicoemocional y, entonces, el Estado tendría que contemplar servicios desde el primer nivel de atención, en vez de, como ocurre ahora, dejar la atención a algún centro psiquiátrico.
“Los hospitales psiquiátricos tendrían que reconvertirse en hospitales generales precisamente para quitar el estigma que está muy enraizado hacia personas que usan esos servicios. El acceso a la salud mental tendría que ser como cualquier otro tipo de atención en salud, como ir al dentista, por ejemplo”, explica Ríos Espinosa.
Otra de las situaciones que debe ocurrir es eliminar cualquier forma de coerción sobre un tratamiento. Uno de los fundamentos básicos del derecho a la salud mental, como ocurre con cualquier otra área de la salud, es el derecho al consentimiento informado. “Hoy por hoy, México tiene normas sumamente delgadas que no garantizan que la voluntad de las personas sea siempre respetada. Hoy por hoy son frecuentes las formas coercitivas que, lejos de fomentar la recuperación, se vuelven ellas mismas fuente de trauma y de complicaciones para la salud”.
Los modelos coercitivos son iatrogénicos, es decir, ellos mismos son susceptibles de generar agravamiento de las condiciones de salud mental.
De ahí que Ríos Espinosa considere que lo que tiene que pasar de una vez es que México se tome en serio el derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, en este caso, decisiones sobre su salud mental.
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