Santiago Nieto: Hay que perseguir a sicarios y líderes de criminales, y a los políticos que los cobijan

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió no sólo detener a los integrantes de los grupos delincuenciales, sino también a los políticos que les brindan protección.
“Hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales, pero es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos”, dijo durante su participación en el Foro Desafíos de la Justicia Mexicana.
Nieto Castillo remarcó que para terminar con la corrupción en el país, es indispensable combatir las malas prácticas en los sistemas ministeriales, judiciales y policiales.
“Hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial, que genera halos de impunidad en torno a este tipo de personajes y avanzar en el combate a la base social de los grupos criminales y a estructuras fingieras”, añadió.
El titular de la UIF detalló que en México operan 19 grupos delictivos de alto impacto, por lo que pidió a las autoridades combatirlos de manera integral, con el fin de eliminar su participación en la economía del país.
Nieto Castillo aseveró que pese a los avances registrados en el combate a la corrupción en el país, como escalar ocho lugares en el ranking de 180 países con menor corrupción, es indispensable corta el flujo de efectivo de operaciones ilícitas en el país.
Por ello, pidió a los legisladores avanzar en leyes que permitan el combate al crimen y la corrupción en las aduanas y puertos del país.
Santiago Nieto Castillo ha sido la cara más visible del combate a la corrupción, desde la vía financiera, del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En sus dos primeros años en funciones, Nieto Castillo ha investigado a varios exfuncionarios de alto rango de sexenios pasados. De acuerdo con una investigación de la Unidad de datos de SinEmbargo, además de los casos de Emilio Lozoya y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, otros cuatro casos destacan por la posible implicación de ex funcionarios en delitos de corrupción:
Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, investigado por desvío de recursos, además de corrupción en complicidad con la empresa OHL.
Alberto Elías Beltrán, exencargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) –hoy Fiscalía General– por supuestos delitos de lavado de dinero por movimientos financieros irregulares entre 2016 y 2019, que asciende a 98.09 mdp.
Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por presunto lavado de dinero por casi 100 mdp. Además de 9 funcionarios y/o superdelegados también investigados por presunto lavado de dinero.
Así como al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, e integrantes de grupos delictivos del cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), o el de Santa Rosa de Lima (CSRL).
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, también participó hoy en el foro organizado por el Senado. El funcionario planteó una Ley Nacional de Justicia Cívica y un Código Nacional Penal, cuyo objetivo sea mejorar la procuración e impartición de justicia en todo el país.
Afirmó que desde que tomó a su cargo la dependencia, “todos los delitos federales han ido a la baja, todos, porque hay una pretensión por parte nuestra de servir diariamente a quienes llegan con una denuncia a resolver un problema de justicia inmediata”.
“Eso sí, nosotros lo podemos llevar a todo el sistema nacional de justicia y entendamos que mientras no haya una convivencia, mientras no haya un valor cívico, mientras no haya una manera de defender a todos los mexicanos que somos ofendidos por la injusticia, no va a haber un cambio”, aseguró el funcionario.
En su participación, recordó que por ese motivo su “planteamiento fue claro y muy preciso”, ya que va por una Ley Nacional de Justicia Cívica que se “tiene que aplicar todos los días en todos los municipios de todo el país, a la defensa de todos los ciudadanos”.