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Lozoya: “pago por evento”

Ernesto Nunez Albarran

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Es grave la disyuntiva que enfrenta la 4T: o convierte el caso Lozoya en un maxi-proceso que permita juzgar y sancionar la corrupción del antiguo régimen, o lo utiliza para construir otro simple escándalo político.

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que quiere ver el video que entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como parte de las pruebas y declaraciones que ha aportado en el proceso por el que ha sido extraditado y elevado a la calidad de testigo protegido.

Como si los dichos de un indiciado fueran verdad incuestionable, López Obrador los considera suficientes para emitir un juicio moral, social y político sobre el antiguo régimen.

Son muy graves las acusaciones que ha hecho Lozoya y muy altas las esferas de poder a las que van dirigidas. De ser ciertos sus dichos, se habrá puesto en duda la legalidad -no sólo la legitimidad- del Pacto por México y una serie de reformas constitucionales derivadas de él, así como el financiamiento de las campañas del PRI en 2012 y el propio triunfo de Enrique Peña Nieto en esos comicios.

Sin pruebas de lo dicho, las declaraciones de Lozoya son sólo eso: dichos de un indiciado. Sin embargo, han sido suficientes para que el presidente, los allegados al presidente y los voceros del presidente construyan la narrativa del fin de la corrupción, y pongan a varios presuntos cómplices en la silla de los acusados.

Ya dirá el tiempo si hay elementos para que se les procese por la vía legal; hoy, el juicio en las redes sociales y en algunos medios ya se ha dado, con una condena que la 4T y sus afines consideran unánime.

Se piden cabezas y renuncias, como si el dicho de Lozoya fuera la revelación de la verdad absoluta.

Incluso, el presidente ha dicho que no importa si el video de Lozoya tiene valor jurídico o carece de peso probatorio en un juicio. Lo importante es la reacción social que generaría. El juicio de la opinión pública.

Lo dijo así, en la conferencia de prensa Mañanera del pasado viernes:

“Es importante que se conozca el video, si existe. Sería extraordinario que la gente vea si es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraba conciencia, cómo se compraban los votos… para no regresar a lo mismo. Entonces, yo sí estoy a favor de eso. Además, he estado preguntando con abogados y me dicen que las pruebas de este tipo parece que no son de tanto valor en los juicios, en lo estrictamente legal; pues puede ser que no tengan valor en lo legal, pero en lo moral son de primer orden, de primer orden”.

-¿Y usted ya lo vio? -se le preguntó.

-No, pero sí me gustaría verlo, ahora sí que es como pago por evento, sí me gustaría verlo porque hay que poner al descubierto toda la corrupción. Esto sí ayuda mucho, eso sí me interesa. ¿Para qué? Para estigmatizar a los corruptos; porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción por el daño que causa -respondió el presidente, con entusiasmo.

No sería la primera vez que un videoescándalo provocaría la estigmatización de un político o un grupo de políticos como corruptos.

Ya ocurrió en 2004, cuando una serie de videos grabados con cámara escondida por el empresario Carlos Ahumada sirvió de punta de lanza de toda una campaña de desprestigio en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, su secretario de Finanzas, su secretario particular y operador político y un par de delegados.

Los videoescándalos de entonces pretendían minar las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y, tal como se supo después de su difusión, eran parte de una estratagema política urdida desde Los Pinos, el PAN, la PGR y el despacho de un expresidente.

Su difusión bien podría haberse clasificado en la categoría de “pago por evento”, pues los artífices de la trama cobraron, o pretendían cobrar, muy caro por sus servicios.

Al final, los videoescándalos, el desafuero y la conjunción de intereses para boicotear la campaña de López Obrador terminaron por cerrarle el paso e impedir su ascenso a la Presidencia de la República en 2006.

Los videos carecieron de valor jurídico y probatorio, pero alentaron el escarnio público y consiguieron su objetivo: convertir a la política en un show mediático de héroes y villanos, donde los procesos judiciales y legales pasan a un segundo término.

Hoy, frente a la posibilidad de un nuevo “pago por evento”, cabe preguntarse cuánto o qué está cobrando Emilio Lozoya a cambio de declarar lo que convenga a los intereses del nuevo régimen.

¿Cuánto está dispuesto a pagar el gobierno de López Obrador porque esos videos salgan a la luz pública, y le ayuden a construir la narrativa del “fin de la corrupción”?

Afirmó el presidente, al final de su conferencia del viernes, que si bien no tiene forma de pedirle al fiscal Alejandro Gertz Manero que haga públicos los videos, él supone que ve la Mañanera.

“Ya lo está escuchando ahora el fiscal, digo, o se lo van a comentar; ojalá y lo tomen en cuenta”, añadió el mandatario.

Y él mismo colocó en una balanza sus opciones: el derecho o la justicia, el procedimiento legal o “la purificación de la vida pública de México”.

Es grave la disyuntiva que enfrenta la Cuarta Transformación con el caso Lozoya: decide enderezar un proceso jurídico, o utiliza al personaje para el escarnio público de sus adversarios.

Decide abrir un maxi-proceso que en verdad desenmascare y castigue la corrupción de los últimos tres sexenios (Fox, Calderón, Peña Nieto), o construye otro videoescándalo con fines políticos.

Va tras la verdad legal, o por la estigmatización de los corruptos, aunque después estos acaban en la calle.

¿Habrá con Lozoya un proceso apegado a derecho, o sólo será un episodio de “pago por evento”?

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