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viernes, septiembre 24, 2021

Sin estrategia clara el combate al crimen organizado en México

Nicolás Pineda
Nicolás Pineda
Investigador en Políticas Públicas.

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Columna Y sin embargo
Acaba de aparecer el reporte 2020 titulado Crimen Organizado y Violencia en México que publica un grupo de investigadores de la Universidad de San Diego (www.justiceinmexico.org). Este reporte se ha venido publicando desde 2001 y presenta un balance del problema de la violencia y el crimen organizado en México basado en datos confiables y en investigación académica rigurosa. Presento aquí una breve reseña de sus conclusiones.
Los factores del crimen
Los grupos de crimen organizado (GCO) han venido evolucionando en México; han diversificado sus flujos de ingresos a medida que aumenta la competencia. Dichos grupos representan una amenaza significativa para la seguridad, al expandirse del tráfico de drogas al tráfico sexual, el robo de combustible y el comercio ilegal de animales exóticos. Las estrategias en constante cambio de los GCO han hecho que la aplicación de la ley sea cada vez más difícil para las autoridades mexicanas.
A medida que las organizaciones criminales más grandes se disuelven, entran en operación grupos más pequeños. Estas pequeñas empresas a menudo recurren a delitos predatorios para mantener sus ingresos. Los robos, los secuestros y la violencia territorial están vinculadas a las acciones de estas pequeñas organizaciones criminales que tratan de aumentar su participación en el mercado.
El año 2019 más violento que 2018. Sin embargo, el gobierno mexicano parece no tener estrategia clara para mejorar la situación de seguridad pública del país. Hasta ahora, los esfuerzos del Presidente López Obrador para combatir el crimen organizado, en la mayoría de los casos, se están quedando demasiado cortos.
El presidente López Obrador parece estar convencido de que la clave para reducir la inseguridad está en el combate a la pobreza. La idea de que la pobreza está en la raíz de la epidemia de crímenes violentos de México resulta convincente, pero también simplifica demasiado el desafío de la seguridad.
Sin embargo, los recientes aumentos de la violencia son resultado más bien de las complejas interacciones entre las organizaciones criminales. Además, la capacidad de los GCO para prosperar depende de manera crítica de la aquiescencia, la protección e incluso la participación directa de funcionarios públicos corruptos, así como de actores corruptos del sector privado, que comparten los beneficios de las actividades económicas ilícitas. Esto es parte de la razón por la cual atacar a los capos no ha sido efectivo.
El déficit de estrategia
Una estrategia eficaz para combatir el crimen organizado debiera basarse necesariamente en frustrar a todos los actores criminales; no solo a los capos, y no solo a los de la calle.
Si bien la administración de López Obrador se ha alejado claramente de la anterior estrategia de atrapar a los jefes, no ha invertido adecuadamente en la infraestructura necesaria para promover la administración efectiva de la justicia. Más bien, López Obrador se ha concentrado en crear un aparato de seguridad pública centralizado y militarizado, al tiempo que desmantela los esfuerzos anteriores para mejorar el sistema de justicia penal.
Sin embargo, para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad, en general, el gobierno mexicano debe enjuiciar a todos los criminales, profesionalizar las policías locales, atacar agresivamente la corrupción oficial y socavar las transacciones ilícitas en el sector empresarial y financiero (el lavado de dinero, el fraude y otros esquemas financieros de cuello blanco).
En una palabra, se debe combatir la impunidad. La impunidad es lo opuesto a la rendición de cuentas y al Estado de Derecho.
En los actuales tiempos inciertos, las políticas emprendidas hasta ahora dan pocos motivos para el optimismo en la reducción de la inseguridad a corto plazo.

Aviso

La opinión del autor(a) en esta columna no representa la postura, ideología, pensamiento ni valores de Proyecto Puente. Nuestros colaboradores son libres de escribir lo que deseen y está abierto el derecho de réplica a cualquier aclaración.

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