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lunes, marzo 9, 2026

CIDH admite caso de la Guardería ABC para determinar violaciones de derechos humanos del estado mexicano contra las víctimas

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Hermosillo, Sonora.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la Guardería ABC y ahora lo analizará a fondo para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el estado mexicano en contra de las víctimas y sus familias y que este reciba recomendaciones que deberá cumplir, de lo contrario, la Corte Interamericana podría dictar una sentencia vinculante.

Patricia Duarte Franco, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio (M5J), recordó que fue en 2014 cuando tres familias acudieron ante la CIDH, en Washington, para interponer una queja por la deficiencia y la inacción del gobierno de México en el caso.
“La buena noticia es que, la CIDH, después de casi seis años, que en octubre se cumplirían, admitió el caso de la Guardería ABC y hoy se inicia un litigio en el Sistema Interamericano, lo que nos ayudará a empujar también los litigios que están pendientes dentro de México, que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
A través de un comunicado, las y los abogados que asesoran a estas tres familias en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) informaron que, después de más de 11 años de lucha, el 6 de julio de 2020, la CIDH declaró al caso como admisible, lo que significa un proceso clave para impulsar que el estado tome todas las medidas adecuadas para salvaguardar a la niñez mexicana, con la aplicación de la ley 5 de Junio, así como para concretar el acceso a la justicia y la no repetición.

“Si la CIDH resuelve favorablemente el caso, que eso es lo que esperamos, por lo que representa esta tragedia, el estado tendría que implementar sus recomendaciones”, explicó Duarte, “de no hacerlo, la CIDH podría enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, última instancia del Sistema Interamericano, quien emitiría una sentencia plenamente vinculante al estado mexicano”.

Es decir, de llegar esa sentencia, el estado mexicano estaría obligado a cumplirla, que es lo que el M5J espera. Que la CIDH haya admitido el caso representa un medio para llegar a la Corte.
“En resumen, el litigio interamericano sobre el caso ABC busca una resolución favorable de la CIDH, enfocada en factores estructurales, como fallas en el sistema de subrogación de estancias infantiles y la falta de acceso a la verdad y a la justicia”, agregó Duarte Franco.
El incendio donde murieron 49 niños y niñas y más de una centena resultó con afectaciones de por vida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, no fue un siniestro imprevisible ni un hecho aislado, aseveró la madre de una de las víctimas fatales, pues el estado mexicano “dejó en manos de particulares avorazados, el cuidado de las niñas y de los niños” con la subrogación del servicio de cuidados, algo que consideran completamente ilegal.
Lee también:
“Sin justicia no hay paz”: Movimiento 5 de Junio publica su manifiesto a 11 años del incendio de la Guardería ABC
“Es importante aclarar que aquí no se juzga a una persona: se está investigando, se llama a cuentas al estado mexicano y, en caso de llegar a la Corte Interamericana, se juzga al estado mexicano”, manifestó Duarte, “el estado mexicano, después de las recomendaciones de la CIDH, tiene que acatar todo lo que se diga en tales recomendaciones o, en consecuencia, en una sentencia de la Corte. Entonces está obligado a hacerlo. Para nosotros, esto es un gran paso, porque, de resultar favorable la intervención de la CIDH hacia nosotros, es un elemento poderoso para impulsar el acceso a la justicia a nivel nacional”.
De acuerdo con los abogados de las familias, los resultados podrían llegar antes de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Tomaron el caso de nosotros como caso de excepción porque, a once años, simplemente ni siquiera se ha resuelto el amparo donde quedarían firmes las sentencias que estamos esperando de los 19 funcionarios que están procesados”, concluyó Duarte, “la CIDH fue lo que tomó en cuenta y es lo que nos hace, de cierta manera, sentir un poco de esperanza de que sea más rápido este proceso”.

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