La nebulosa operación de las pensiones para personas con discapacidad

Por Bárbara Anderson
Este mes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó un set de evaluaciones a todos los programas para el desarrollo que lanzó el gobierno federal. Es un profundo análisis desde abril de 2019 a junio de 2020, lo que permite conocer cómo se cumplieron —o no— los objetivos, además de realizar una serie de recomendaciones a partir de la epidemia para tener en cuenta en el ejercicio del siguiente año.
En el caso del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (PPBPDP), se trata de una evaluación de más de 80 páginas que deja al descubierto muchas inconsistencias, poca claridad en cuanto a los objetivos y los
resultados, así como la falta de capacitación en temas de discapacidad de quienes son responsables de determinar a quién le toca una de estas ayudas y la poca comunicación entre instancias federales y regionales.
¿Cuáles son los principales focos rojos que enciende esta evaluación? Muchos tienen que ver con la ejecución misma, ya que este Programa se lanzó en 2018 sin reglas de operación, mismas que recién se publicaron hasta febrero de 2020.
Desde hace dos años que tenemos este plan de apoyo a personas con discapacidad (pcd), se reportó que las pensiones alcanzan a 815,923 los beneficiarios pero no hay un solo dato en el padrón de su edad, su condición social, sexo, tipo de discapacidad ni a que etnia o minoría pertenecen.
Sigue siendo un programa con muchos ‘grises’ y poca claridad. Veamos:
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