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Lozoya y las ilusiones del Pacto

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Las declaraciones de Emilio Lozoya derriban por completo la ilusión del Pacto por México. Pero no basta con eso; si no se comprueban sus acusaciones y se procesan legalmente, estaremos ante un nuevo juego de artificio.

La “magia” del Pacto por México duró poco menos de dos años. Inició en 2012, en la etapa de transición ente los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y arrojó como primer fruto una reforma laboral aprobada al arranque de la 62 Legislatura, un mes antes de que el priista se pusiera la banda presidencial.

El Pacto era una idea de “Los Chuchos”, que después de las elecciones de julio de 2012 buscaban la manera de sacudirse el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador para hacerse con el control total del PRD.

Pronto, el pacto fue abrazado por Gustavo Madero, el dirigente panista que buscaba la manera de sacudirse la sombra de Felipe Calderón y poder controlar el PAN.

Ambos partidos, PAN y PRD, entregaron al futuro gobierno una inédita oportunidad para legitimarse y arrancar con el pie derecho el sexenio.

Las conversaciones comenzaron en agosto de 2012, en la casa del ex gobernador de Oaxaca, José Murat, y concluyeron con la firma del Pacto por México en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el 2 de diciembre, al día siguiente de la toma de posesión de Peña Nieto.

Los cinco acuerdos y 95 compromisos del Pacto marcaban una agenda de reformas que “transformarían a México” (aquí puede leerse íntegro), y fueron presumidos por sus promotores como la materialización de un acuerdo histórico, inédito y trascendente. “Algo comparable con los Pactos de la Moncloa”, presumía Jesús Ortega, principal promotor de la idea.

El Pacto comenzó formalmente con la aprobación de la reforma educativa, en diciembre de 2012, y concluyó en agosto de 2014, cuando Peña Nieto dio por terminado el “ciclo reformador”.

Según una publicación hecha en agosto de 2014 en la página de la Presidencia de la República, fueron 11 las reformas emanadas del Pacto: Laboral, Educativa, Financiera, Hacendaria, Telecomunicación y Radiodifusión, Competencia Económica, Energética, Político-Electoral, Transparencia, Nueva Ley de Amparo y nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Una compleja transformación de leyes y normas que implicó reformas a más de 60 artículos de la Constitución, promovidas y avaladas por el PRI, el PAN y casi todas por el PRD.

Defendido a ultranza por los entonces hombres fuertes del Congreso (Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Anaya y Silvano Aureoles en la Cámara de Diputados; Emilio Gamboa, Ernesto Cordero y Luis Miguel Barbosa en el Senado), el Pacto encontró pocas resistencias y menos voces que alertaran sobre los acuerdos alcanzados y los métodos para lograrlos.

En el PAN, el ala calderonista llegó a cuestionar el Pacto en la sesión del Consejo Nacional donde el dirigente Gustavo Madero consiguió el aval partidista para suscribirlo, pero no por dudar de su contenido, sino por el recelo que les causaba que el firmante y negociador fuera un dirigente que se había atrevido a romper con Calderón.

El senador Ernesto Cordero, líder de la bancada panista, comenzó criticando que Madero se sumara al acuerdo, pero durante la legislatura terminó avalando y promoviendo las reformas.

En el PAN, el Pacto provocó que maderistas y calderonistas chocaran por la interlocución con el gobierno priista. Se peleaban por ver quién negociaba las reformas con Luis Videgaray, Aurelio Nuño, Humberto Castillejos y Emilio Lozoya, principales operadores del peñismo.

Y en el PRD, los dirigentes formales del partido hacían malabares para conciliar sus acuerdos con la administración de Peña Nieto y la inconformidad de sus legisladores y militantes.

El principal crítico del Pacto era el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y, de hecho, una de las razones para romper en definitiva con el PRD y enfocarse en la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional, fue el inicio de las negociaciones entre los dirigentes perredistas Jesús Zambrano y Jesús Ortega y los operadores peñistas encabezados por Videgaray.

Otro escéptico del Pacto era el senador del PRD Manuel Camacho Solís, quien desde 2013 denunció que las negociaciones ocurrían en Los Pinos o en las oficinas privadas de Aurelio Nuño (entonces jefe de la Oficina de la Presidencia), donde se redactaban las iniciativas que luego se mandaban al Congreso para ser procesadas por los rebaños de los partidos firmantes del Pacto.

“Han convertido el Pacto en un instrumento para legitimar las acciones del Ejecutivo, centralizarlas y someter a la oposición. Quieren presentar como pacto histórico de transición lo que en realidad es un mecanismo para fortalecer el poder personal del presidente”, denunciaba Camacho Solís, experimentado político fallecido en junio de 2015.

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Una de las reformas más controvertidas del Pacto fue la energética. Era la joya de la corona, pero también la manzana envenenada del acuerdo.

Se aprobó en diciembre de 2013, provocó que el PRD se desmarcara momentáneamente del Pacto, y estuvo a punto de descarrilar la reforma político-electoral.

Con débiles protestas callejeras -pues López Obrador se enfermó del corazón y no pudo encabezarlas-, una fracción de legisladores perredistas tomó la tribuna de San Lázaro para evitar su discusión y aprobación.

Pero los legisladores priistas y panistas habilitaron un salón alterno y, durante día y medio, lograron que ésta fuera procesada.

Al final, la reforma que acababa con 75 años de hegemonía estatal en la industria petrolera fue avalada con 353 votos a favor, del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, y 134 votos en contra, del PRD, MC y PT.

Y 83 horas después fue avalada por 17 Congresos estatales (todo un récord para una reforma constitucional), lo que permitió su promulgación el 20 de diciembre de 2013.

Hoy, casi siete años después, el entonces director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ha denunciado que el aval a esa reforma se consiguió a través de sobornos, con dinero proveniente de la petrolera brasileña Odebrecht.

La acusación es grave, aunque venga de un indiciado que acaba de negociar su extradición a México a cambio de convertirse en testigo protegido.

Los señalamientos a priistas y panistas como principales beneficiarios de esos sobornos, dados a conocer el viernes en el periódico Reforma, son apenas el inicio de una tormenta política.

Las revelaciones de Lozoya confirman que el sexenio de su exjefe -el sexenio de la corrupción- amerita investigaciones a fondo que permitan revelar el monto del saqueo y recuperar algo de lo perdido.

Una auténtica investigación, seria y que llegue al fondo de los múltiples asuntos que dejan ver las primeras declaraciones de Emilio Lozoya, con responsables claros y las debidas sanciones; eso sí sería devolverle al pueblo lo robado.

Las declaraciones de Lozoya también terminan de derribar, ahora sí por completo, la ilusión del Pacto por México.

Sus acusaciones ensombrecen los arreglos acordados por Peña Nieto, Madero, Zambrano, Videgaray, Osorio Chong, Nuño, Lozoya, Beltrones, Anaya, Gamboa, Cordero y demás artífices de los acuerdos firmados para “mover a México”.

Cualquier luz que quisiera atribuírsele a ese Pacto ha sido apagada en definitiva.

El Pacto por México pudo haber sido realmente contra México, como denunció en su momento López Obrador. Un pacto aceitado con dinero e intercambio de favores.

Pero eso habrá que probarlo.

Si la Cuarta Transformación aspira realmente a provocar un cambio de régimen, deberá indagar y transparentar todo lo que se acordó en las trasbambalinas del Pacto.

Como dijo el propio López Obrador: que se conozca “cuánto y a quiénes”.

Sólo así las declaraciones de Lozoya significarían el punto final de una historia de corrupción e impunidad; de lo contrario, serán un nuevo capítulo de la misma historia, un juego de artificio, una maniobra electorera de las que “el pueblo” ya está cansado.

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