Y los 520 millones de pesos, ¿dónde quedaron?

Algo turbio está sucediendo en torno a la deuda de mil 300 millones de pesos autorizada por el Congreso de Sonora, el 24 de diciembre de 2019, al Gobierno del Estado.
La propuesta inicial del Gobierno era que los recursos obtenidos por la deuda pública fueran asignados a los siguientes rubros: Caminos y puentes, 386 millones; el nuevo Hospital General, 500 millones; proyecto para infraestructura de la salud, 42 millones; proyecto de rehabilitación de la red hidráulica, se destinarían 112 millones; proyectos de espacios públicos, se asignarían 233 millones de pesos. Sin embargo, varios diputados y diputadas propusieron algunos cambios, especialmente en lo referente a los recursos asignados a los espacios públicos, con el fin de que fuese aprobado el Paquete Fiscal 2020, que incluía la deuda.
Por otra parte, el grupo parlamentario de Morena rechazaba la propuesta de la deuda y proponía una reasignación de los recursos, cuyo argumento era que se estaba hipotecando el futuro de los sonorenses, especialmente por el fuerte incremento de la deuda pública implementada por el Gobierno actual y el anterior.
El siguiente cuadro justifica su propuesta, ya que en los últimos diez años la deuda del estado se ha incrementado fuertemente. Las barras azules representan la deuda del estado.

Es importante señalar que la deuda de mil 300 millones de pesos no incluye el pago de intereses, la contratación de Instrumentos Derivados y/o Garantías de Pago, honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros ni legales, entre otros, lo que significa que hay que sumarle otra buena cantidad de millones al monto pactado.
Hasta el 13 de marzo, un poco más de dos meses desde que el Congreso aprobó la deuda, apareció la convocatoria para la contratación del financiamiento del Gobierno del Estado por mil 343 millones de pesos, de los cuales mil 300 millones van a inversión en infraestructura; 27 millones para el fondo de reserva y 16 millones para el pago de comisiones y otros rubros. El 7 de mayo se llevó a cabo el acto de presentación y no se obtuvo el mínimo de oferta de las instituciones financieras.
El 12 de mayo se lanza una segunda convocatoria y, con fallo favorable, el 3 de junio se presentaría a las instituciones ganadoras de la licitación. Al parecer ya se tienen las instituciones y los contratos correspondientes, pero no se tiene el recurso financiero.
En el transcurso de este período, para ser precisos el 15 de abril, un mes después de la declaratoria de confinamiento del Gobierno del Estado, un diputado panista, apoyado por un grupo empresarial, propuso reasignar el 40% de los recursos provenientes del crédito -los famosos 520 millones- del presupuesto 2020 que serían “exclusivamente” utilizados para las “medidas preventivas” contra la pandemia, curiosamente, y no para la infraestructura hospitalaria que tanto le urge al Estado.
Una de las características de los diputados del PAN es que siempre anteponen el beneficio de la sociedad para obtener beneficios personales o para sus grupos políticos. Es muy conocida la estrategia utilizada en los períodos previos a la aprobación del Paquete Fiscal de rechazar la propuesta del presupuesto y al final son los primeros en aprobarlo.
Pero, ¿cuál era el objetivo de la propuesta de reasignar los 520 millones de pesos? El más visible, el golpeteo político dirigido hacia algunos diputados y diputadas de Morena que votaron en contra de esta iniciativa por estar fuera de toda normatividad.
Esto se refleja porque a partir del 15 de abril inician, primero el diputado y posteriormente otros medios, con una campaña mediática en contra de las y los diputados de Morena.
El otro objetivo no es tan claro, pero cercano a la realidad. Negocios.
Así comienzan a pasar los días, las semanas, los meses, y los 520 millones propuestos por el diputado panista no aparecen por ningún lado. Por otro lado, los requerimientos básicos, así como camas y ventiladores comienzan a hacer falta en los hospitales de Sonora que atienden a los contagiados de Covid-19.
A finales de junio y principios de julio los efectos de la pandemia comienzan a afectar severamente la salud de los sonorenses, con altas tasas de contagiados, hospitalizados y fallecidos por Covid-19. El siguiente cuadro ilustra los efectos de la pandemia en el estado.

Fuente: Luis A. Moreno
Ante esta grave y delicada situación, la sociedad comienza a presionar al Gobierno para que se asignen más recursos adicionales, entre ellos los 520 millones que fueron propuestos por el diputado panista. ¡Y con razón!, ya que la estimación del Gobierno en lo relativo a los decesos, al inicio de la pandemia era de 650 personas, hoy casi se dobla el pronóstico y aún estamos en la mitad de la tormenta pandémica.
El tema de los 520 millones estuvo a punto de encender la pradera debido al afán protagonista de los panistas, de tal manera que la Comisión de Hacienda del Congreso solicitó la comparecencia del secretario de Hacienda local para tratar el asunto de la deuda.
En ella, el secretario señaló que de los 520 millones de pesos que se reprogramaron desde el Órgano Legislativo no se han ejercido, ya que fue reciente la aprobación del crédito. Sin embargo, el titular planteó que se elaboró un paquete de recursos que ascendieron a mil 212 millones; de esa cantidad se diseñó un programa de salud de 950 millones de pesos provenientes en parte de la venta del Estadio Héctor Espino, con 311 millones, y de recursos propios con reasignaciones presupuestales de 640 millones de pesos.
El destino de esos recursos fue de 470 millones para ventiladores, 360 millones para medicamentos y 20 millones para el Isssteson. El resto del paquete, es decir, los 262 millones restantes se destinaron así: 110 millones para “microcréditos”; 50 millones para “el regreso a clases”; 51 millones para el programa de ayuda alimenticia.
Finalmente, el Gobierno está llevando a cabo la propuesta de Morena de reasignar los dos mil millones; hasta hoy lleva 950 millones, faltarían por reasignar mil 100 millones, sin impactar el presupuesto del 2020. Esta propuesta es casi cuatro veces mayor que la de los panistas de redireccionar la deuda y no generaría ningún problema legal.
En lo relativo a la deuda, tanto los diputados panistas como el secretario de Hacienda saben que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera en términos de los artículos 2, fracción XXV; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 2, fracción XI; de la Ley de Deuda Pública para el estado de Sonora, y 4, 7, fracción 1 de la Ley de Coordinación Fiscal, la deuda pública adquirida se debe destinar a proyectos de inversión productiva y de infraestructura.
El 30 de julio se presentará el informe del segundo trimestre del 2020 por la Secretaría de Hacienda y en él se despejarán algunas de las dudas en lo referente a la deuda. Pero también es el momento de que la sociedad exija transparencia y rendición de cuentas de los grandes recursos financieros destinados a combatir la pandemia.
Es importante revisar los recursos federalizados que llegaron a Sonora para enfrentar la pandemia, en el segundo trimestre, tema que se abordará en la próxima entrega.
Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Director del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora.