Asesinado por razones de salud

“Dictadura: Sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio” (Enrique Jardiel Poncela).
La pandemia no deja de asombrar a sus víctimas reales, potenciales o virtuales, porque mata de varias maneras, no sólo cuando el nuevo coronavirus penetra en el organismo debilitado de alguien y acaba con él, sino que también acaba con la seguridad pública, la confianza en la autoridad, la tranquilidad en el hogar y el respeto a las leyes.
Una pandemia en manos de autoridades con instintos abusivos nos da el resultado de estados de sitio no declarados, de aplicación de medidas absurdas e inútiles, de pánico inducido en la población que altera el sentido de la realidad y se pierden las proporciones entre lo que es correcto y lo que no lo es.
Así pues, tenemos que están ocurriendo vejaciones a ciudadanos por parte de las fuerzas de la ley y el orden, golpizas, jaloneos y asesinatos bajo el supuesto de hacer obedecer las disposiciones que se han dictado por proteger la salud de la sociedad del terrible y contagioso virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19.
También ocurren actos de evidente abuso y corrupción al aplicarse multas por no respetar reglas que alguien se sacó de la manga en el momento de encarar al ciudadano, o algunas que emanaron del gobierno estatal o municipal.
La epidemia ha hecho posible que la ignorancia, la simple y llana estupidez y el conocimiento científico trivializado y mal interpretado se conviertan en garrotes que amenazan la integridad física, cívica y humana del ciudadano de a pie.
La razón más recurrente para el abuso y la grosería ha sido que la víctima “no llevaba cubrebocas”.
Hoy sabemos que no llevar cubrebocas puede ser fatal como lo documentan en Jalisco, o causa de agresión policial y de multas y disgustos, como se puede ver en otras partes del país, incluido Sonora.
¿Es disposición de la autoridad federal de salud? ¿Los ciudadanos ofendidos deben culpar al presidente López Obrador por las medidas de las autoridades locales? Definitivamente no. El gobierno federal fue claro al subrayar el carácter voluntario y respetuoso de los derechos ciudadanos de cualquier intervención por parte de autoridad, así que los abusos y excesos corren por cuenta de los gobiernos estatales y municipales.
Recientemente se publicó la instrucción de la gobernadora a los ayuntamientos de hacer obligatorio el uso del cubrebocas, lo que suena como una medida que lejos de evitar contagios se centra en hacer algo, lo que sea, para exhibir que en Sonora hay preocupación por la salud ciudadana (El Reportero, 03/06/20).
No son tiempos de politiquería en forma de disposiciones mediáticas que sólo pueden propiciar abusos. Es una necedad exigir su obligatoriedad habida cuenta que el uso del cubrebocas sólo es recomendable para las personas que atienden enfermos, para quienes presentan síntomas como tos o estornudos o más claramente, para el personal de salud, según refiere la OMS y la Secretará de Salud federal.
Está demostrado que el virus no contagia ni se estaciona en lugares públicos abiertos porque no flota en el aire y se transmite por las gotas que expulsamos al hablar, toser o estornudar, de suerte que la calle, los parques y jardines son seguros si se guarda la sana distancia y se lava las manos con frecuencia. Así las cosas, el uso del cubrebocas o las sanitizaciones en espacios abiertos son inútiles y resultan una verdadera vacilada.
La calidad de “obligatoria” de tal o cual medida no deja de producir el malestar propio de estar en contacto con la estupidez con poder, como nos lo ilustra el caso del joven trabajador Giovanni López, en Jalisco, asesinado a golpes por policías porque no traía cubrebocas (https://youtu.be/kcHlwx_Tzh0).
No estaría de más que la gobernadora de Sonora y autoridades municipales, reflexionaran sobre la inutilidad de hacer campañas de autopromoción política en tiempos de emergencia sanitaria, porque lo que se espera es sensatez y empatía, además de enterarse de que las autoridades de salud federales jamás dispusieron que se tomaran medidas con carácter obligatorio dirigidas a personas y que, al contrario, subrayaron que la contención domiciliaria y demás deben ser voluntarias.
Declarar obligatoria una medida que corresponde más a la necesidad y conciencia del ciudadano es tanto como ponerse en la línea discursiva de un dictadorzuelo de opereta, como lo es el gobernador de Jalisco. No estamos en una república bananera, y eso debemos tenerlo muy claro.
Las medidas indebidamente obligatorias terminan haciendo del ciudadano que no las cumple un objetivo militar al que hay que eliminar por razones de salud. ¿Dónde quedó la civilidad y el respeto al ser humano?
Esperemos que en Sonora prive el sentido común, el respeto a los derechos ciudadanos, así como a las disposiciones que en materia de prevención epidemiológica se establecieron para toda la nación, sin inventos oportunistas y mediáticos. Seamos consecuentes.
http://jdarredondo.blogspot.com