60% del personal de la Comisión de Víctimas serán despedidas, no hay ni para renta

El recorte al presupuesto anunciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano central en la atención a victimas de delitos y de graves violaciones a derechos humanos en el país, al borde del colapso.
Casi el 60% del personal de la CEAV perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles. Funcionarios de la propia comisión indicaron a Animal Político que tan solo el día de ayer se notificó a mas de 100 colaboradores que ya no hay dinero para sus sueldos.
Además, no hay recursos para pagar ni la renta de la sede central, ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país. Por ende, tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 victimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras cinco mil.
Incluso, al no haber dinero para mantener sistemas informáticos, se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.
“La CEAV informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, advirtió hoy el organismo en un comunicado.
La CEAV reconoce que este nivel de afectación tiene su origen en el mal diseño con el que fue construido el organismo hace unos años. Se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, donde la gran mayoría de sus servicios son subcontratados y donde dos terceras partes del personal es eventual o de contratación “outsourcing”.
Debido a esto, la nómina de esos colaboradores, las rentas y servicios esenciales se cubren justamente con las partidas 2000 y 3000 de servicios generales que el gobierno decidió recortar a un 75%. La Comisión subrayó que explicó esta situación a la Secretaría de Hacienda, pero fue inútil y se ordenó la reducción.
“Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, dijo la CEAV.
Algunas de las consecuencias que traerá consigo este recorte al presupuesto del organismo son los siguientes:
*La pérdida de los puestos de trabajo de casi el 60% del personal de las áreas centrales, que equivalen al menos a 230 funcionarios que se quedan sin trabajo.
*No se cubrirá el pago de renta, agua, luz ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención estatal. La deuda tan solo por estos servicios supera los 120 millones de pesos.
*Perdida de todos los equipos de cómputo incluyendo impresoras que también son subcontratados, así como del sistema que aloja y preserva los datos de 34 mil 215 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.
*incumplimiento de 43 contratos por 121 millones de pesos, lo que previsiblemente detonará múltiples demandas judiciales contra la institución.
*Se pierde el área de traslados lo que imposibilitará la asistencia para 9 mil 862 victimas en el país a las que se apoya con traslados para servicios jurídicos, médicos, sicológicos entre otros.
*No habrá sitio para atender a 7 mil 200 victimas a las que se brinda apoyo en los centros estatales, y tampoco se contará con personal para tramitar servicios a cinco mil victimas mensuales en promedio.
*El área jurídica quedara sumamente debilitada por lo que no se podrán atender más de 453 juicios de amparo promovidos por víctimas en contra de la propia CEAV.
*Se perderá por completo la Unidad de Género, lo que dejará sin seguimiento programas de sensibilización y prevención de acoso y hostigamiento sexual al interior de la propia Comisión.
Desaparición inminente
Una funcionaria de la CEAV cuyo nombre se resguarda a petición de ella, dijo a Animal Político que ayer se les notificó vía videoconferencia que ya no había dinero para pagarle a más de 100 colaboradores “outsourcing”, situación que generará un impacto inmediato en todas las direcciones de la comisión.
“Nos dijeron que la situación era muy grave, que se debe la renta del propio edificio. Y que tan mal está que no hay dinero para pagar las computadoras, ni el mantenimiento. Nos pidieron que tratáramos de aguantar sin sueldo, pero la verdad es muy difícil”, dijo la funcionaria.
Añadió que les explicaron que la propia titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, estaba lista para presentar su propia renuncia, pues estos recortes, en los hechos, significan la inminente desaparición de la Comisión.
La funcionaria confirmó que, en efecto, la Comisión opera con diseño inadecuado en el que muchas plazas claves incluidas las de los especialistas que atienden a las víctimas en los Centros de Atención Integral, no son de estructura, sino que corresponden a trabajadores eventuales o subcontratados por “outsourcing”.
“En todas las direcciones hay personal contratado de esta forma. Y aun así todos teníamos contrato hasta diciembre; por eso esta decisión es sorpresiva y nos perjudica mucho, a los que nos quedamos sin trabajo, pero a la propia CEAV también”, dijo la funcionaria.
Este hecho viene a agravar una situación critica en la que de por si ya se encontraba la Comisión de Víctimas. En enero pasado Animal Político publicó que la CEAV operaba con personal que era insuficiente, sobrecargas de trabajo inmanejables, e incluso denuncias de maltratos y acoso.
Dicha situación se origina en la inconclusa construcción del Sistema Nacional de Victimas, el cual ha sido ignorado tanto por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, así como por el actual gobierno del presidente López Obrador.