Columna Diálogo
A partir de este martes 12 de mayo las Fuerzas Armadas en México están en las calles efectuando labores de investigación; operaciones encubiertas; detención de personas y aseguramiento de bienes, entre otras labores de tipo judicial y preventivas por decreto y mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar la implementación de la Guardia Nacional.
Dichas facultades están de inicio sujetas a un tiempo determinado hasta el 27 de marzo de 2024 con el agregado de que el resultado de entrevistas; documentación; material escrito, verbal o audiovisual quedará registrado y por ley formará parte del Sistema Nacional de Información.
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 11 de mayo “Se ordena a la Fuerza Amada Permanente a participar de manera extraordinaria, fiscalizada subordinada y complementaria a la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública”. Ojo: Subordinada a la Guardia Nacional, una creación que ni en la misma ley que la creó establece con claridad qué es ni cuál es su estructura. Hoy ya tiene estructura y es militar.
Las facultades que la nueva ley aprobada el 2019 otorga son claras y contradictorias al espíritu de un sistema democrático basado en los poderes Ejecutivo, Representativo y Judicial, interviene específicamente en este último, pero es la nueva estrategia del Presidente y deberemos permanecer expectantes y observantes a los resultados antes de establecer juicios.
Siendo el primer año del gobierno de López Obrador el más violento en la historia de México a niveles que ni la pandemia de Covid-19 este 2020 ha logrado reducir, el Presidente que prometió sacar al ejército de las calles da un giro de 90 grados para implementar una estrategia totalmente contraria a la expuesta en campaña.
“Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles, el Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo” repitió en innumerables ocasiones como eje central de su estrategia para ganar las elecciones, criticando y confrontando la actuación del ejército en la lucha contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón y continúo Enrique Peña Nieto.
Cero y van dos los candidatos al hilo que una vez ganando la Presidencia se tragan sus palabras y emprenden la misma estrategia que antes criticaron agresivamente, pero en este caso recargada y amparada hasta en reformas constitucionales, oficializando así tareas de seguridad pública el Ejército en las calles, desde preventivas, de investigación hasta judiciales en operaciones conjuntas con Ministerios Públicos y jueces.
La seguridad nacional sigue siendo sin duda un proyecto por realizar en México, es de hecho un proyecto inacabable en términos realistas cuyo desarrollo y experimentos a lo largo de la historia han marcado sexenio tras sexenio. Este es el nuevo capítulo que sin duda da un cambio radical a lo vivido al menos por las tres últimas generaciones en nuestro país.
Se percibe una especie extraña entre la “judicialización de las Fuerzas Armadas” o la “militarización de la justicia”. La Ley que creó la Guardia Nacional y cuyas acciones concretarán las Fuerzas Armadas a nivel nacional, refleja ambigüedad tanto conceptual como en funciones y facultades.
La Ley establece que la Guardia Nacional es un servicio profesional de carrera; en otro párrafo la refiere como una institución de seguridad pública; en otro como un órgano administrativo de la Secretaría de Seguridad y luego para rematar dice que entre sus facultades está fungir como una policía procesal. Son conceptos textuales de dicha ley fuera de toda interpretación personal. No se requiere ser experto para entender que cada término tiene implicaciones muy distintas en la práctica. De este tamaño la confusión.
A razón de estas ambigüedades no sólo en lo que se refiere al nombre sino a facultades, funciones y estructura, la oposición ha denunciado lo que interpreta como intenciones del Presidente de militarizar al país, acusaciones que López Obrador ha rechazado con contundencia asegurando que este nuevo ente de seguridad sería integrado por civiles y no por militares.
Lo primero que sucedió es que desapareció a la Policía Federal y lo que hemos visto hasta ahora en la calle son expolicías federales ingresados sin opción a esta guardia vestidos todos de militares.
En pocas palabras más allá de conceptos, la Guardia Nacional ahora ‘complementada’ por las Fuerzas Armadas es una especie de ¿Policía Judicial del Presidente? pues incluso está dotada de facultades para determinar infracciones y sanciones.
Las tareas que llevarán a cabo las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país son un vuelco en la historia de México en lo que a estrategia de seguridad se refiere. Si la del expresidente Felipe Calderón fue calificada de agresiva, ésta lo es exponencialmente.
Especialmente porque la mayor debilidad institucional de nuestro país es su sistema de justicia, tan débil como discrecional sin garantías de imparcialidad. Nuestro sistema de justicia no está preparado para garantizar la correcta actuación de las Fuerzas Armadas. La realidad no reciente sino actual es muestra cómo la justicia en México es utilizada para represalias políticas o personales desde el poder.
Bajo esta premisa sólo el hecho de que todo lo que se diga o manifieste quedará registrado y será parte del Sistema Nacional de Información, además de que las ‘colaboraciones’ con la autoridad ya no son voluntarias, implica una vulnerabilidad nunca vista y una amenaza para la democracia.
Una estrategia como la que implementará el Presidente a través de las Fuerzas Armadas amparado en la Guardia Nacional, se convierte por lo menos en un foco rojo que advierte un sistema de control basado en el temor y que remite a un pasado que México había dejado atrás.
