El impacto económico del COVID-19 en México podría aumentar la pobreza por ingresos entre 7.2 y 7.9%. Esto significa que entre 8.9 y 9.8 millones de personas se sumarán a la población con recursos insuficientes para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos.
De acuerdo con el análisis ‘La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2’, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el segundo trimestre de 2020 el porcentaje de la población con un salario inferior al costo de la canasta básica aumentará de 37.3 al 45.8%.
El número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir, que su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria en dicho periodo de tiempo se incrementaría entre 4.9 y 8.5%, equivalente a entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
“La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad”, detalla el documento.
Una primera aproximación a los efectos potenciales de la pandemia anticipa que, en ausencia de políticas públicas orientadas a la población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral, las condiciones de vida de los grupos de ingreso medio enfrentarían condiciones de pobreza.
El análisis de Coneval señala que además de los posibles efectos en la pobreza, las mujeres deberán afrontar esta pandemia de COVID-19 con mayores desventajas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que las mujeres representan el 72.8% del total de personas ocupadas en los sistemas de salud de la región, cuyas condiciones de trabajo son precarias y se vuelven extremas con el aumento de horas laborales y el riesgo de contagio del virus.
A ello se suman los costos y esfuerzos que conlleva que participan en mayor proporción en las tareas de cuidado en casa y del trabajo doméstico.
Coneval considera que otros sectores de la población que afrontan esta pandemia con mayores desventajas se encuentran los trabajadores del sector formal e informal, las personas desempleadas, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los jornaleros agrícolas y las niñas y niños cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías.
El organismo explica que el país enfrenta la contingencia en condiciones de vulnerabilidad por factores como la alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, precariedad laboral, carencias en acceso a servicios y brechas en derechos laborales.
El Consejo estima que la pérdida de empleos traerá como consecuencia, además de la disminución en los ingresos, la pérdida de las prestaciones laborales que el brinda el trabajo formal.
Las personas más vulnerables en este sentido son las que se encuentran ocupadas en trabajos subordinados, por cuenta propia, en los sectores más afectados y los ocupados sin seguro de desempleo.
Para disminuir el impacto de la emergencia sanitaria para estas poblaciones, Coneval sugiere que, además de los apoyos que el gobierno federal ha dado a conocer para microempresas, el Estado podría complementar estas medidas mediante apoyos a la pequeña y mediana empresa con créditos para proteger el empleo y subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses de confinamiento.
De acuerdo con el análisis, con estas medidas se apoyaría al 43.8% de la población ocupada.
También señala que se puede apoyar a este sector de la población con créditos, como el Programa Microcréditos para el Bienestar, que otorga financiamiento para el inicio o consolidación de micronegocios. Este programa se podría extender los periodos de vencimiento de créditos, financiar temporalmente el consumo privado y analizar la pertinencia del apoyo de la estrategia “Mes Trece” del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Asimismo, podrían incluir medidas que incentivos el empleo temporal, lo que permitiría apoyar al 52% de la población ocupada.
Otra propuesta son los subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda, y se debe asegurar la adecuada operación de los programas federales que realizan transferencias monetarias directas.
Se debe consolidar la protección social a través de una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales, señala el Consejo.
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Alimentación
Entre las acciones para mitigar las afectaciones alimentarias, Coneval propone garantizar la operación del Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y del Programa Abasto Rural (Diconsa), así como el fortalecimiento del Programa de Precios de Garantía.
Sugiere impulsar la producción agropecuaria a través del Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural Sustentable (PEC) y dar seguimiento al comportamiento del mercado para detectar a tiempo alzas injustificadas en los precios de productos, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Otra medida son las despensas para familias de los menores que son beneficiados con alimentos en las escuelas, en tanto las clases se encuentran suspendidas, y otorgar cupones para la adquisición de alimentos durante la contingencia sanitaria, como mecanismo para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares.
Educación
La educación básica a distancia contempla habilidades y herramientas tecnológicas que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres, lo cual puede profundizar la brecha educativa, señala Coneval.
Además, el aprendizaje mediante educación básica a distancia presenta dificultades para dar seguimiento y conocer su efectividad, lo cual puede incrementar la brecha educativa entre instituciones públicas y privadas y entre contextos rurales y urbanos.
A ello se suma que la educación básica a distancia requiere del apoyo de los padres a los hijos, el cual está supeditado a la ocupación, disponibilidad de tiempo y su propia escolaridad, entre otros factores.
Coneval no encontró información sobre modalidades educativas para contextos como el indígena, comunitario o migrante, por lo que indica que es necesario implementar mecanismos de regularización al término de la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos.
