Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- La vigilancia epidemiológica es indispensable para identificar, medir y analizar problemas y condiciones de salud que afectan a la población mexicana. Se trata de un instrumento de información para tomar decisiones sanitarias, prevenir enfermedades o controlar padecimientos recurrentes, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA).
A pesar de ser “de vital importancia” para “atender oportunamente a la población ante emergencias epidemiológicas, brotes y desastres”, el presupuesto para vigilancia epidemiológica cayó 7.1 por ciento entre 2019 y 2020, como proporción del presupuesto neto del “Ramo 12 Salud”.
El 22 de noviembre del año pasado, el Congreso de la Unión –con mayoría de Morena y sus aliados de bancada– dio luz verde al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2020, que incluye un presupuesto aprobado de 532 millones 718 mil 50 pesos para vigilancia epidemiológica. Una cantidad inferior a la aprobada en el PEF 2019, por 553 millones 252 mil 416 pesos.
La caída presupuestaria del programa que depende de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) no es la primera en los últimos 10 años. De hecho, entre 2010 y 2020, el presupuesto de vigilancia epidemiológica se contrajo 71.2 por ciento como proporción del presupuesto total anual en salud pública. Esta variación relativa implica que hoy en día, el Gobierno federal invierte menos de la tercera parte de lo que invirtió hace una década. Pero el descalabro fue gradual.
Durante los últimos tres años del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, la variación relativa del presupuesto aprobado de vigilancia epidemiológica fue negativa (-51.6 por ciento). En términos monetarios absolutos, esto implicó que el dinero del programa de la SSA pasó de 1 mil 290 millones 322 mil 437 pesos en 2010, a 787 millones 647 mil 244 pesos en 2012.
En los años de mandato del priista Enrique Peña Nieto, la vigilancia también sufrió un descalabro. Entre 2013 y 2018, la caída relativa presupuestaria fue de 3.1 por ciento, mientras que la variación absoluta supuso una reducción de 2.5 puntos porcentuales en seis años, de modo que el presupuesto de 2018 (618 millones 177 mil 804 pesos) resultó inferior al de 2013 (634 millones 173 mil 187 pesos).
La reducción presupuestaria en el sexenio peñanietista contrastó con el compromiso de la SSA de “consolidar e incrementar la vigilancia epidemiológica, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles como VIH, Sida, Tuberculosis, Influenza y Dengue”, así como “expandir esquemas efectivos” de prevención y atención de accidentes y emergencias de salud, se lee en el “Programa de Acción Específico: Atención de Urgencias Epidemiológicas y Destastres 2013-2018”.
Sin embargo, en la última década, la caída presupuestaria del programa de vigilancia de epidemias coincidió con el declive gradual (todavía no recuperado) del gasto neto en salud por parte del Gobierno federal, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Mientras que en 2010 México invirtió el 2.7 por ciento de su PIB en salud pública, en 2019 invirtió el 2.4 por ciento. Y para este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinó un gasto equiparable al 2.6 por ciento del PIB.
El presupuesto de vigilancia epidemiológica no siempre fue a la baja. Por ejemplo, cuando la pandemia de Influenza A-H1N1 golpeó a México entre 2009 y 2010, el Gobierno federal inyectó dinero al programa, para combatir al virus que causó la muerte de al menos 1 mil 244 personas en todo el país, de acuerdo con cifras del “Plan Nacional para la Preparación y Respuesta ante la Intensificación de Influenza Estacional o ante una Pandemia de Influenza” de la SSA y Cenaprece.
Los datos de la SHCP indican que entre 2008 y 2009, el presupuesto para vigilancia como proporción del presupuesto en salud pública fue 5.4 veces mayor. Y entre 2009 y 2010, el programa tuvo un aumento relativo de 45.9 puntos porcentuales.
Algo similar ocurrió entre 2015 y 2016, cuando el presupuesto para vigilancia aumentó 12.7 por ciento, después de una alerta internacional por el brote epidémico del virus del Zika.
A pesar de los periodos de “bonanza” y de la tendencia a la baja del presupuesto de vigilancia epidemiológica en los últimos 10 años, las cuentas públicas disponibles (2010 a 2018) de Hacienda refieren que hubo cuatro años en que la Cámara de Diputados aprobó recursos adicionales para cubrir los gastos del programa, así como cinco años en que los legisladores recortaron las previsiones aprobadas en un inicio.
En 2010, 2011, 2013 y 2014, las modificaciones al presupuesto aprobado sumaron un total de 186 millones 377 mil 8 pesos. Sin embargo, sólo en el año 2013, cuando los legisladores desembolsaron 80 millones 164 mil 863 pesos adicionales al PEF original para fortalecer la vigilancia epidemiológica, el nivel de gasto fue inferior al presupuesto modificado. Ese año, el programa contó con un total de 714 millones 338 mil 50 pesos y causó erogaciones por 713 millones 902 mil 428 pesos.
Contrario a lo sucedido en esos cuatro años, en 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018 el presupuesto original del programa fue reducido. En total, el Gobierno recortó 290 millones 476 mil 950 pesos. Aunque el presupuesto modificado fue equiparable al nivel de gasto ejercido en la mayor parte de estos años, en 2012, aún con el tijeretazo presupuestal, el programa gastó menos de lo que recibió (720 millones 442 mil 861 contra 720 millones 489 mil 900 pesos).
La vigilancia epidemiológica depende –en términos económicos– de la DGE y del Cenaprece. Al menos en los tres últimos años, la primera dependencia aportó el 18 por ciento de los recursos del programa, y la segunda el 82 por ciento.
Una parte del dinero que la DGE y el Cenaprece destinan para vigilar enfermedades en México proviene de los recursos directos que la SHCP les otorga como parte de sus presupuestos; y en ocasiones en que es necesario modificar el monto inicialmente aprobado, el Cenaprece puede ejercer recursos adicionales de fideicomisos como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad.
De acuerdo con el Artículo 32 Bis 2 del Reglamento Interior de la SSA, la DGE es la encargada –entre otras cosas– de “definir, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, las acciones en materia de vigilancia, diagnóstico y referencia epidemiológica”. Ello además de elaborar y proponer normas oficiales mexicanas, así como efectuar diagnósticos e investigaciones para mejorar y actualizar métodos y técnicas de vigilancia epidemiológica.
Por su parte, el Cenaprece “es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud responsable de conducir e implementar los programas sustantivos para la prevención y control de enfermedades, para reducir la morbilidad y mortalidad en la población mexicana”. Su objetivo es “normar, administrar y evaluar las políticas y estrategias de prevención y protección de la salud”, para “disminuir los riesgos y fortalecer la atención que se brinda en los servicios de salud, relacionada con enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como con afectaciones derivadas de desastres”.
Pese a la importancia de ambas instituciones en materia de salud pública nacional, el Gobierno de México también recortó sus ingresos en los últimos años.
Entre 2010 y 2020, la variación relativa del presupuesto anual del Cenaprece fue de -58.8 por ciento, mientras que entre 2013 y 2020, la variación relativa presupuestal de la DGE fue de -22.1 por ciento.
Tan sólo este año, el presupuesto de Cenaprece fue 1 por ciento inferior al de 2019, como proporción del gasto neto del sector salud. Y en el caso de la DGE, la caída relativa fue de 12.7 puntos porcentuales.
Las cifras oficiales disponibles indican que en 2020, ambas dependencias recibieron un presupuesto conjunto de 1 mil 472 millones 983 mil 997 pesos. Esta cantidad es equiparable al 1.1 por ciento del presupuesto anual del “Ramo 12 Salud”. Pero hace siete años, en 2013, su presupuesto conjunto fue igual al 1.3 por ciento del presupuesto total para salud pública.
