La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pedirá ayuda a la Fiscalía General de la República (FGR) para usar en la contingencia sanitaria de COVID-19 la cantidad de 4 mil 500 millones de pesos y 52 millones de dólares que están “congelados” y que no hay una disposición oficial que les permita usarlos, expuso el titular de la UIF, Santiago Nieto.
“Sí, se ha planteado, por ejemplo, en el tema del congelamiento de cuentas. Actualmente, tenemos 5 mil 400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas y 52 millones de dólares, y no se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo.
“Hemos pensado en solicitarle a la FGR, vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”, dijo.
Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario explicó que existen casos de dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, como es el caso de 2 millones de dólares, así como de 80 millones de pesos relacionado con el delito de trata de personas.
Además, informó que en estos momentos se encuentran 160 procesos de 2019 y 35 en 2020 presentados ante la FGR y están esperando la judicialización de las carpetas de investigación.
Respecto a las investigaciones que actualmente realiza la UIF, destacó la denuncia contra Rosario Robles, Emilio Lozoya -aquí se han presentamos 4 denuncias y todavía nos falta terminar la investigación de Fertinal y del Astillero español-, y Gerardo Ruiz Esparza, quién ya falleció pero aún se investiga a su círculo cercano y a la empresa OHL.
“Y bueno, evidentemente hay una investigación sobre Luis Miranda, relacionada con presuntos actos de corrupción, pero vamos a seguir con ese proceso para presentarlo ante las instancias competentes”, explicó.
También informó que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción.
Agregó que han encontrado farmacéuticas que recibieron pagos por el gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, “lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal”.
Respecto a las 15 empresas que deben al Sistema de Administración Tributaría (SAT), Santiago Nieto dijo que se abrieron carpetas de investigación contra dos ellas, pero aún es muy prematuro el resultado.
