Hermosillo, Sonora.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Sonora Norte), propuso que el Gobierno Federal aporte al mes un salario solidario aproximado a 96 mil millones de pesos, a las empresas formales de todo México, con el objetivo de afectar lo menos posible la economía de estas compañías durante la contingencia por el coronavirus.
Arturo Fernández Díaz-González, presidente de la Coparmex Sonora Norte, explicó que en caso de que esta iniciativa se concretara, beneficiaría a alrededor de 20.6 millones de trabajadores del país, que están dentro del empleo formal.
“Hacemos un llamado a ayudarnos a convencer al Gobierno Federal de que se apoye el salario solidario, lo que más nos preocupa es que conserven su ingreso, proponemos que solo durante el periodo de la emergencia el presidente de la República, autorice recursos extraordinarios financiados con los impuestos que hemos pagado para que una parte de su salario se cubra con dinero que aporte la Federación…
Haciendo cálculos sabemos que esto es viable para la Hacienda Pública, esa aportación que ya se está haciendo por varios gobiernos del mundo puede marcar la diferencia de que su trabajo y el de millones más puedan subsistir a la crisis y que el ingreso que reciban no se vea tan mermado y ahí va en juego también el destino de las fuentes de trabajo”, abundó el empresario sonorense.
Estos 96 mil millones de pesos representarían el 40% de recurso extraordinario donado por la Federación, aclaró el presidente de la Coparmex Sonora Norte.
La iniciativa también contempla la participación de cada una de las empresas formales del país con un 40% en su aportación, al igual que cada trabajador de las mismas, que sacrificaría el 20% de su salario, explicó Fernández Díaz-González.
Esta propuesta de la Coparmex Sonora Norte, se homologa a la misma iniciativa de la Coparmex a nivel federal, presentada recientemente.
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De aprobarse estos 96 mil millones de pesos por parte del Gobierno Federal y si las empresas y los trabajadores aportan las cantidades antes mencionadas, funcionarían bajo el siguiente esquema:
Gobierno: Si la empresa debe cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria, o sus ventas se ven drásticamente reducidas, el Gobierno pagará una parte del salario del trabajador formal. La proporción dependerá del nivel salarial del empleado.
Es decir, se busca un apoyo progresivo en el que el Gobierno destine más recursos a trabajadores con menores niveles salariales (1-3 salarios mínimos). El tope máximo que el gobierno destinará por trabajador es equivalente a 3 salarios mínimos.
Patrón: Si la empresa debe cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria o sus ventas cayeron drásticamente, el patrón pagará una proporción del salario del trabajador formal y esta dependerá del nivel salarial. Con ello se pretende que los trabajadores con menores salarios (1 a 3 salarios mínimos generales) puedan contar con el mismo flujo de recursos como el que tienen habitualmente. El patrón deberá de pagar al menos esta proporción, aunque si las condiciones de la empresa se lo permiten (no cerró operaciones), el dueño de la compañía seguirá pagando el sueldo íntegro.
Trabajador: Si la empresa debe cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria, o sus ventas cayeron drásticamente, el trabajador acordará recibir una proporción menor de su salario. Los empleados que reciban de 1 a 3 salarios mínimos, seguirán teniendo su sueldo de forma íntegra para cubrir sus necesidades y las de su familia durante la contingencia.
