El presidente tiene tiempo, y una indudable legitimidad, para buscar el diálogo con sus adversarios y enfrentar juntos la crisis de salud, construir una salida común a la crisis económica, evitar la crisis social y conjurar el peligro de una crisis política.
Una de las pocas certezas compartidas en estos tiempos es que a la crisis sanitaria seguirá una crisis económica.
Empresarios, oposición, analistas, e incluso el propio gobierno, coinciden en que vendrán tiempos difíciles, pues la pandemia de COVID-19 causará estragos en nuestra economía, agravando un panorama que, de por sí, ya pintaba negro para este 2020.
La Secretaría de Hacienda prevé una caída del 3 por ciento en el Producto Interno Bruto en este año, mientras que organismos como la CEPAL advierten que la caída podría ser de hasta un 6 por ciento.
La tormenta perfecta que se delineaba en este espacio hace tres semanas se hace cada vez más patente: recesión mundial, caída de los precios del petróleo, devaluación del peso, pérdida de empleos (más de 346 mil según las cifras que dieron el viernes la Secretaría del Trabajo y el IMSS), cierre de negocios, quiebra de pequeñas empresas.
Todo, bajo la tremenda incertidumbre por la gravedad de una enfermedad que podría tener una escalada súbita de contagios que colapse el ya de por sí deficiente sistema nacional de salud.
A 15 días de que dé inicio la fase 3, la Secretaría de Salud aún no puede pronosticar cuánto tiempo durará lo peor de la pandemia en México, y hasta cuándo deberán prolongarse las medidas adoptadas en la declaratoria de emergencia nacional hecha el 30 de marzo, que pararon las actividades no esenciales de los sectores público, privado y social hasta el 30 de abril.
Si un mes de frenón en las actividades económicas está causando estragos, la prolongación de la cuarentena hasta mayo o junio podría provocar un colapso mayor.
No hay duda: la crisis económica -que casi todos anticipan peor que la de 2008- camina en paralelo a la crisis de salud, y ambas podrían conjugarse en una crisis social por la saturación de hospitales, clínicas y servicios forenses (como ya ocurre en otros países), por la pérdida de empleos y, eventualmente, por el desabasto de productos básicos.
Las crisis de salud, social y económica pueden darse por hecho, pero ¿habrá también crisis política?
Todo parece indicar que sí.
El vacío que dejaron los partidos políticos después de su derrota en 2018 comienza a llenarse con voces de “liderazgos empresariales” convocando a rebasar al gobierno por la derecha, “influencers” o supuestos líderes de opinión que descalifican por descalificar o que alientan desde ahora la revocación de mandato, un expresidente que destila sus rencores y frustraciones en decenas de tuits y retuits, y campañas de bots alentando hashtags como el de #AMLOSeVa.
No se ven, en la oposición, ideas constructivas, propuestas para superar la crisis, solidaridad política y, ni siquiera, proyectos alternativos.
Pero del otro lado, lejos de construir condiciones para que aflore lo mejor de la política, se alienta la polarización.
Los desencuentros entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la oposición política y empresarial son cada vez más recurrentes y cada vez mayores.
Las últimas señales de ese desencuentro ocurrieron en los últimos días: primero, la reunión virtual convocada por el Consejo Coordinador Empresarial, cuatro días después del mensaje presidencial que fue calificado como decepcionante por la iniciativa privada. Con todas sus letras, el CCE convocó a sus agremiados a tomar sus propias medidas, “ante la ausencia de gobierno que nos convoque”.
Después, el llamado de cuatro gobernadores de distintos partidos a replantear el pacto fiscal, acusando maltrato y abuso por parte del gobierno federal. No es asunto menor la convocatoria de los mandatarios de Tamaulipas (PAN), Coahuila (PRI), Jalisco (MC) y Nuevo León (independiente), a la que podrían adherirse otros gobernadores en los próximos días.
Finalmente, el amago de algunos empresarios de tomar medidas tan drásticas como la de dejar de pagar impuestos, que se esparce entre cámaras de Comercio y patronales de Tamaulipas, Durango y Guerrero, y que al difundirse en medios y en las “benditas” redes sociales, arrojan leña al fuego de la polarización.
Siempre podrá decir el presidente López Obrador que esos empresarios son minoría, y que se trata de los conservadores que se resisten al cambio.
Podrá acusar a los medios, como lo hizo el viernes pasado, de lucrar con la crisis, actuar de manera “deshumanizada” y emprender una campaña de desinformación para boicotear su proyecto.
Y, sin duda, acertará cuando diga -una vez más- que existen quienes ven esta crisis como el momento propicio para desestabilizar a su gobierno y regresar al pasado.
Pero… ¿no ha llegado el momento de hacer política desde Palacio Nacional?
¿Cómo evitar rebeliones empresariales si las señales que se mandan, lejos de construir certeza y confianza, generan inconformidad e incertidumbre?
¿Cómo concitar la unidad nacional, si se utilizan las conferencias mañaneras para “exhibir” a los partidos de oposición por no donar sus prerrogativas a un fideicomiso aún inexistente?
¿Por qué convocar descalificando de antemano al adversario?
¿Por qué mentir afirmando que Morena ya reintegró la mitad de sus prerrogativas, cuando el dirigente de ese partido apenas está en consultas con el INE para encontrar una vía legal para poder renunciar a parte de su financiamiento?
¿Por qué confundir y atizar el fuego en temas que confrontan?, anunciando por ejemplo un decreto para devolver los tiempos fiscales a los concesionarios de la radio y la televisión, para luego no firmarlo ni formalizarlo.
Se puede entender la molestia del presidente con los que buscan sacar raja política de esta crisis de crisis.
Lo que no se puede entender es que él se baje al pleito, en lugar de convocar desde su investidura a un acuerdo que realmente incluya a todos.
El presidente tiene tiempo, y una indudable legitimidad, para buscar el diálogo con sus adversarios y enfrentar entre todos la crisis de salud, construir una salida común a la crisis económica, evitar la crisis social y conjurar el peligro de una crisis política.
Si lo hace, podrá incluso hacer realidad su deseo de que México salga fortalecido de esta tormenta perfecta.
Si, por el contrario, el 2020 se convierte en un año perdido, la 4T habrá disminuido su posibilidad transformadora, Morena llegará a las elecciones de 2021 mermada y tentada a echar mano de los 22 millones de beneficiarios de programas sociales para no perder los comicios, y el presidente podría caminar hacia la consulta de revocación de mandato (programada para marzo de 2022) repudiado por los que hoy ya le retiraron el respaldo en las encuestas.
Y eso sí derivaría en una indeseable crisis política.
