Por no cumplir con la Ley 149 de Transporte en Sonora, 30 unidades para el transporte de jornaleros agrícolas fueron inmovilizadas, durante la inspección de más de 850 vehículos en esa modalidad, informó Carlos Morales Buelna.
El titular de la Dirección General de Transporte (DGT) indicó que permanentemente se efectúan operativos de inspección y verificación, y se implementan diferentes acciones con empresarios, organismos de agricultores y prestadores del servicio de esta modalidad de transporte en todo el estado, para evitar se incumpla la ley en materia de transporte.
Morales Buelna expuso que se envió un exhorto tanto a los concesionarios-permisionarios para cumplir con las normas que marca la Ley de Transporte en el estado, así como a los contratantes para que cumplan con las normas de verificación.
En la labor que le corresponde a la dirección de transporte, Morales Buelna indicó que en lo que va del año 2020, se han detenido 30 unidades de transporte de trabajadores agrícolas en el estado, las cuales no pueden operar hasta que subsanen los puntos que han incumplido durante su operación y que fueron señalados en la verificación.
También se entregaron 66 oficios informativos a sindicatos y a agricultores, y se han llevado a cabo reuniones con agrupaciones agrícolas, empresarios, concesionarios y permisionarios en conjunto con la Secretaría del Trabajo.
Lo anterior, dijo, es resultado de la inspección de más de 850 unidades en el sistema de pasaje de trabajadores agrícolas verificadas, que generaron la aplicación de 85 sanciones y/o amonestaciones.
El director de transporte en Sonora, destacó que actualmente se cuenta con mil 183 concesiones de modalidad de transporte de trabajadores agrícolas, un total de 137 permisos particulares de empresas y cuatro permisos eventuales.
Detalló que en los últimos cinco accidentes de unidades prestadoras de este servicio, tres de estas no cumplían con lo establecido en la Ley de Transporte del Estado de Sonora, y especificó que al no ser una unidad administrativa la Dirección de Transporte, será la Fiscalía la que determine la culpabilidad de dichos actos y con ello iniciar el proceso de cancelación de concesión.
