El Fideicomiso Río Sonora 5 años después

Aun recuerdo cuando Don Ramón me contaba su experiencia al participar en una de las comisiones ciudadanas que el Fideicomiso Río Sonora (FRS) usó para simular que tomaba en cuenta la población afectada en el resarcimiento del daño.
Ya habían pasado tres años de la tragedia ambiental, y ese hombre sencillo que tenía una tienda de abarrotes se transformó en un activista por el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano.
“Todo fue un desastre. Fuimos a Hermosillo y estuvimos frente al señor García Morales y el señor, no sé si simuladamente, agarraba el folder de la caja de Aconchi y allí empezaba a cuestionarlo, allí mismo decidía qué pasaba y qué no. Él era quien tomaba las decisiones. Entonces nos dimos cuenta que nuestra opinión no contaba, porque ellos ya tenían planeado a quienes darle. Por eso a los 15 días nos deslindamos de eso.” Me confesó don Ramón en aquella entrevista que con el tiempo me sirvió para escribir un artículo que se publicó en el libro de “Los derechos ambientales como paradigma social y de gobierno en Sonora: el caso del Río Sonora y otros estudios” editado en la Universidad de Sonora y coordinado por Héctor Vega Deloya.
En este artículo diseccioné como desde la forma en la cual se acomodó el organigrama del FRS, tanto la empresa como altos funcionarios de Semarnat manipularon las decisiones para no responder a la población afectada en realidad.

El testimonio que daba en aquel entonces Don Ramón solamente puso nombre a uno de los tantos rostros de la corrupción que aprovechó la tragedia ambiental.
De acuerdo a un reportaje de Shaila Rosagel que se publicó en Sin Embargo en julio del 2015, en la lista de beneficiados del Fideicomiso resaltan familiares de político encumbrados como Alfonos Elías Serrano (PRI) y Javier Gandara Magaña (PAN).
A los años la gente del río termino reconociendo que la repartición de dinero por parte del FRS fue una estrategia para dividir a la población, entretenerla y no responderle realmente a sus demandas y necesidades después del desastre ecológico.
En el 2018 los Comités de Cuenca del Río Sonora y PODER dieron a conocer que Rodolfo Lacy Tamayo, quien en aquel entonces era secretario de SEMARNAT y presidente del FRC, hizo negocios en la instalación de tinacos y la rehabilitación de pozos a través de Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C., así como que uno de sus socios en esta operación fue el dueño de la marca de tinacos Rotoplas, Carlos Rojas Mota Velasco, un familiar de Germán Larrea Mota Velasco y miembro también del Consejo de Administración de Grupo México.
Hago el recuento de todos estos datos porque el pasado miércoles 15 de enero un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) pone luz al final de un largo túnel de opacidad y corrupción en la búsqueda de justicia ambiental para el Río Sonora.
Después de una batalla legal de años la SCJN le da un amparo a los Comités de Cuenca del Río Sonora, para que se reabra el FRS y que este haga modificaciones en los mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños causados por el derrame de Grupo México.
Si bien aún falta ver los alcances de la sentencia de la SCJN, el hecho de que se reabra el FRS abre la posibilidad de que ahora si se atienda y responda a la población afectada por la contaminación que produce el derrame.
Ahora debemos mantenernos observantes para que el desvió de recurso y los negocio que se realizaron a costa de la tragedia ambiental en la pasada administración federal no se vuelvan a repetir; que en esta ocasión por fin se atienda a los afectados. Que se haga justicia ambiental.