Cuidado con los estornudos

“La buena salud y el buen juicio son dos de las mayores bendiciones de la vida” (Publilio Siro).
Enero y el desviejadero, como nos dice la vieja conseja popular que en tiempos de crisis en los sistemas de seguridad social resuena con mayor intensidad. La sola posibilidad de enfermar nos produce náuseas, constipaciones, sudores fríos y una sensación de invalidez social que apabulla. Aquí no somos nada… o casi.
Las instituciones de salud y, desde luego, los sistemas de seguridad social se revuelcan en medio de estertores presupuestales y muchos actores políticos señalan la necesidad de cambios radicales en su funcionamiento. “Que alguien nos diga cómo hacerlo”, reclamarán algunos, mientras que otros buscarán la figura paterna apropiada para sentirse a salvo del escrutinio público: “estamos instalando mesa de seguimiento de las recomendaciones de la OCDE para mejorar nuestro funcionamiento”, con lo que debemos entender que están “trabajando en beneficio de las y los sonorenses”.
Mientras que usted estornuda y los maestros jubilados de la sección 54 marchan y entregan reclamos escritos en favor de que se cumpla el artículo 59 de la ley 38 que les garantiza el incremento de la pensión en la misma proporción que el aumento salarial anual, el gobierno se agarra de las barbas de Ángel Gurría, apodado en sus buenos tiempos de funcionario salinista como el “ángel de la dependencia”.

Ahora resulta que el Isssteson ha evitado el pago de “pensiones millonarias” y que en materia administrativa, en el rubro de “contrataciones”, cuenta con la recomendación de la OCDE en una insólita cuanto inútil relación que intenta maquillar lo que el sol revela como una farsa perversa: mucha saliva cada tanto tiempo y de resultados nada, ya que los culpables del desfondo pensionario y el daño patrimonial al instituto siguen sin castigo y los fondos sin aparecer.
Resulta curioso que la señora gobernadora presuma de un criterio emitido por la sala segunda de la SCJN en tiempos de Medina Mora (el ministro actualmente en retiro famoso por su corruptibilidad), para dar palo a las justas, legales y legítimas demandas de los jubilados de obtener una pensión digna, en los términos de la propia ley 38 antes de la reforma de 2005, mismas que se reconocieron procedentes antes de que el gobierno del Estado y el ministro de marras le torcieran el cuello a la propia ley, borrando de un solo plumazo más de 200 demandas ganadas por los trabajadores jubilados inconformes recién iniciado el gobierno de Pavlovich.
Pero digamos que estas cosas son agua pasada, y que ahora la directiva del Isssteson actúa como el gato que, tras hacer sus necesidades fisiológicas, simplemente las oculta mediante el expediente de echarles tierra, en este caso con la figura del neoliberal salinista Gurría y la patética OCDE. Con esto se sigue derramando saliva sin llegar al fondo del asunto: el modelo neoliberal de la seguridad social como negocio ha fracasado, como también la concepción de que las instituciones como el Isssteson deben funcionar como caja chica del gobierno en turno, con la pasividad de los trabajadores afectados.
Como usted recordará, el viernes 17 pasado hubo una marcha y manifestación magisterial de protesta frente al Isssteson, con el fin de lograr que se les otorgue a los trabajadores pensionados y jubilados una pensión que refleje el incremento decretado al salario mínimo general para este año 2020, basados en que así lo establece la propia ley del Isssteson en su artículo 59.
Es de esperar que el gobierno del Estado, a través del Isssteson, cumpla con su obligación legal y que pague retroactivamente el 12 por ciento que debe del incremento del año pasado que fue de 16 por ciento y del que solamente aportó el 4 por ciento, más el aumento concedido este año a los trabajadores que es del 20 por ciento.
En este contexto, el gobierno del Estado, el Isssteson e incluso la OCDE, sólo podrán seguir estornudando con tranquilidad si se aplican la vacuna de la anticorrupción reforzada con una buena dosis de transparencia, que los podría salvar de la influenza del descrédito y la acción penal y social por fraudulentos.
Los trabajadores de la educación jubilados y pensionados que se levantaron a protestar y hacer valer su incuestionable derecho a una pensión digna deben ser apoyados por todas las organizaciones sociales y sindicales, de manera efectiva, sin demagogia ni simulaciones, porque el derecho de ellos es el derecho de todos.