Por Ernesto A. Martínez Nieves
Sonora abrió durante 2026 una discusión de gran relevancia pública: replantear desde sus bases el modelo institucional de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
El punto de partida fue una consulta popular que reunió ciudadanía, especialistas, organizaciones, sectores productivos, instituciones académicas y autoridades. Los foros regionales estuvieron acompañados posteriormente por ejercicios de diagnóstico y conclusiones orientados a identificar fortalezas, debilidades y oportunidades para construir un nuevo modelo.
La propia consulta se propuso definir con mayor claridad las responsabilidades de las distintas instancias de gobierno, evitar ambigüedades legales y construir un sistema viable y sostenible.
Desde una perspectiva regulatoria, ese objetivo exige ir un paso más allá: delimitar con precisión las competencias y atribuciones entre el Estado y los municipios, de manera que se reduzcan posibles duplicidades de trámites, verificaciones y requerimientos, sin debilitar las responsabilidades que corresponden a cada autoridad en materia de protección civil.
Desde el Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, A.C., analizamos los resultados de este proceso desde una perspectiva complementaria: la calidad regulatoria del sistema.
La pregunta que planteamos entonces continúa siendo válida:
¿Cómo construir un sistema que incremente efectivamente la seguridad y la prevención sin reproducir cargas administrativas, duplicidades y costos regulatorios que no aporten un valor equivalente a la gestión del riesgo?
De la consulta a una propuesta de transformación
El 10 de junio, el Ejecutivo estatal presentó públicamente una propuesta de reforma constitucional en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Entre los planteamientos anunciados se encuentran reconocer la protección civil como un derecho humano y establecer una nueva arquitectura institucional especializada.
Aquí resulta importante hacer una precisión.
Al cierre de este análisis, no hemos localizado en las fuentes públicas consultadas del Poder Legislativo el documento íntegro, folio, turno a comisión u otra evidencia documental suficiente que nos permita establecer con certeza su estado procesal dentro del Congreso del Estado.
Por ello, sería prematuro evaluar jurídicamente una iniciativa cuyo texto legislativo y trámite parlamentario no tenemos documentalmente acreditados.
Lo que sí podemos hacer, y quizá resulte más útil en este momento, es identificar los principios regulatorios que deberían cuidarse cuando la transformación propuesta se traduzca en legislación, reglamentos, trámites, inspecciones y procedimientos concretos.
De administrar documentos a gestionar riesgos
Uno de los principales desafíos consiste en evitar que la gestión de Protección Civil termine confundiéndose con la administración de expedientes.
Programas, dictámenes, constancias, inspecciones, capacitaciones, renovaciones y validaciones pueden responder a objetivos legítimos de seguridad.
Pero el número de documentos acumulados no necesariamente equivale al nivel de riesgo reducido.
Por eso debemos formular una pregunta incómoda, pero necesaria:
¿Estamos midiendo realmente la capacidad de prevenir y gestionar riesgos o principalmente la capacidad de integrar expedientes?
La diferencia es fundamental.
Un sistema moderno debería concentrar mayor capacidad institucional, supervisión e inspección precisamente donde existen mayores niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición.
Regular conforme al riesgo
Una microempresa, un restaurante, una escuela, una estancia infantil, una industria que maneja sustancias peligrosas y una instalación crítica no presentan el mismo perfil de riesgo.
Por tanto, tampoco deberían enfrentar automáticamente la misma intensidad regulatoria.
La proporcionalidad exige que requisitos, controles, periodicidades e inspecciones guarden relación con el riesgo que se pretende prevenir.
Esto no significa debilitar la Protección Civil.
Simplificar no es desregular. Simplificar es eliminar aquello que no agrega valor para concentrar los recursos públicos y privados donde verdaderamente pueden reducir riesgos.
Esa distinción será particularmente importante cuando pueda conocerse y analizarse el contenido jurídico definitivo de la propuesta y, posteriormente, la legislación secundaria que pudiera desarrollarla.
Estado y municipios: competencias claras para evitar duplicidades
Uno de los aspectos que merece mayor atención es la relación entre el Estado y los municipios.
Aquí conviene hacer una distinción fundamental: coordinar autoridades no es lo mismo que delimitar competencias y atribuciones.
La coordinación puede mejorar la operación cotidiana del sistema, pero antes debe existir claridad respecto de qué autoridad tiene determinada competencia, qué atribuciones puede ejercer y hasta dónde llega jurídicamente su intervención.
Nuestro análisis regulatorio ha identificado precisamente ahí una zona que merece revisión: trámites, verificaciones, autorizaciones y requerimientos en los que debe determinarse dónde existe una intervención complementaria legítima y dónde podrían presentarse duplicidades regulatorias u operativas.
La pregunta no debe ser solamente cómo coordinar mejor al Estado y los municipios.
También debemos preguntar:
¿qué corresponde hacer a cada autoridad y qué actuaciones no deberían repetirse cuando ya fueron válidamente realizadas por la autoridad competente?
Esta distinción resulta especialmente relevante para cualquier proceso posterior de digitalización.
La interoperabilidad debe conectar competencias bien definidas, no administrar digitalmente duplicidades preexistentes.
Los terceros autorizados deben distinguirse claramente dentro de este análisis. Participan como auxiliares técnicos, no como autoridades regulatorias. Sin embargo, su intervención también puede generar costos asociados al cumplimiento que deben formar parte de la evaluación integral del sistema.
El objetivo no consiste simplemente en eliminar actuaciones, sino en determinar qué autoridad debe hacer qué, con qué fundamento, en qué momento y con qué información.
La carga no solamente se mide en documentos
Otra conclusión relevante de nuestro análisis es que la carga regulatoria no termina en el expediente.
Para ciudadanos y empresas también existen pagos de derechos, renovaciones, tiempos de espera, traslados, validaciones y costos derivados de servicios técnicos necesarios para acreditar determinadas obligaciones.
Individualmente, cada uno puede tener una justificación.
La evaluación regulatoria debe observar también su efecto acumulado.
Esto resulta particularmente relevante para micro y pequeñas empresas, donde una misma carga administrativa representa proporcionalmente un costo mayor que para organizaciones de gran tamaño.
Una futura reforma ofrece la oportunidad de revisar el sistema completo y preguntarnos, requisito por requisito, cuál es su contribución efectiva a la seguridad.
Simplificación y gobierno digital: la siguiente frontera
Aquí aparece una dimensión que adquiere cada vez mayor importancia.
México se encuentra desarrollando un nuevo paradigma de simplificación administrativa, eliminación de trámites burocráticos y transformación digital.
Por ello, cualquier rediseño profundo del sistema de Protección Civil debería considerar desde su origen cómo se relacionará con ese nuevo entorno.
La interoperabilidad será particularmente importante.
Si una autoridad ya posee determinada información, debemos preguntarnos cuándo existe una razón jurídica o técnica suficiente para solicitarla nuevamente.
Si diferentes autoridades participan legítimamente en un mismo proceso, debemos analizar qué información pueden compartir y cómo evitar que el ciudadano o la empresa se conviertan innecesariamente en mensajeros entre instituciones.
Y si se construyen nuevas plataformas, existe una regla básica que conviene recordar: digitalizar un trámite no significa necesariamente simplificarlo.
Podemos trasladar veinte requisitos de una ventanilla física a una plataforma electrónica y seguir teniendo veinte requisitos.
Eso sería digitalización. No necesariamente simplificación. La secuencia correcta debería ser más exigente: primero revisar competencias y atribuciones; después simplificar; posteriormente digitalizar y, finalmente, interoperar.
Precisamente por ello, una siguiente etapa del análisis deberá contrastar el modelo de Protección Civil con el marco nacional de simplificación administrativa y con la normatividad aplicable en materia de gobierno digital.
De la prevención a la prospección
Existe además una dimensión que vale la pena incorporar al debate: la prospección del riesgo.
La prevención procura evitar que un riesgo conocido se materialice. La prospección agrega otra capacidad: utilizar información, escenarios, antecedentes, mapas, indicadores y analítica para anticipar riesgos futuros y evitar que nuevas decisiones públicas o privadas construyan vulnerabilidades.
Un sistema moderno debería saber no solamente qué inspeccionar, sino también dónde, cuándo y con qué intensidad, utilizando evidencia para priorizar sus recursos.
La inspección seguirá siendo necesaria. La diferencia es que deberá formar parte de una arquitectura institucional capaz de anticipar y gestionar riesgos, no solamente de verificar documentos.
La discrecionalidad también es un riesgo regulatorio
La claridad normativa constituye además una herramienta de integridad pública.
Cuando las competencias son ambiguas, existen criterios distintos, los procedimientos no están homologados o permanecen amplios espacios interpretativos, aumenta la incertidumbre para el regulado y puede aumentar también la discrecionalidad en la aplicación de la regulación.
Esto no significa presumir irregularidades. Significa reconocer que un buen diseño regulatorio también debe reducir espacios para decisiones arbitrarias y riesgos potenciales de corrupción.
Competencias y atribuciones claras, trazabilidad de actuaciones, criterios públicos de inspección, expedientes verificables y procesos digitales auditables pueden fortalecer simultáneamente la seguridad jurídica y la integridad institucional.
Una oportunidad que todavía está abierta
La propuesta de transformar el modelo de Protección Civil representa una oportunidad relevante para Sonora.
Pero el verdadero alcance de esa transformación no podrá medirse únicamente por la creación de una nueva institución.
Habrá que observar qué ocurre después.
¿Se delimitan claramente las competencias y atribuciones entre Estado y municipios?
¿Se eliminan duplicidades innecesarias de trámites, verificaciones y requerimientos?
¿Las obligaciones se diferencian conforme al riesgo?
¿Disminuyen cargas documentales y económicas que no aportan valor preventivo?
¿Las autoridades pueden intercambiar y reutilizar información?
¿Las inspecciones utilizan evidencia y analítica para priorizar riesgos?
¿La digitalización simplifica realmente los procedimientos?
¿Existen mecanismos que reduzcan discrecionalidad?
¿El sistema desarrolla capacidades de prevención y prospección?
Esas preguntas probablemente serán más importantes que el nombre de la institución que finalmente administre el sistema.
Sonora tiene la posibilidad de transitar de un modelo predominantemente documental y reactivo hacia uno preventivo, prospectivo, proporcional, interoperable y basado en riesgo.
La transformación institucional puede ser el punto de partida.
La calidad de la regulación determinará buena parte del resultado.
Porque en Protección Civil, simplificación y seguridad no tienen por qué caminar en direcciones contrarias.
Una buena regulación no es la que genera más requisitos.
Es la que consigue mayor protección con las obligaciones estrictamente necesarias y mejor diseñadas.
Y tratándose de Gestión Integral de Riesgos, el resultado que finalmente importa es uno: proteger vidas, patrimonio y comunidades, reduciendo los riesgos antes de que se conviertan en tragedias.
Medimos para mejorar, no para señalar.
El autor es Contador Público. Empresario. Fundador de Laboratorio de Buenas Prácticas Regulatorias, A.C. Integrante de la Red HCV.
