La deuda pública suele presentarse en billones de pesos, porcentajes del PIB y términos financieros que parecen lejanos a la vida cotidiana. Pero la deuda no es dinero abstracto ni desaparece cuando termina un gobierno. Se paga con los impuestos de las familias y las empresas, y con recursos que dejan de destinarse a hospitales, medicinas, escuelas, seguridad, carreteras o agua.
Una forma sencilla de dimensionarla es dividirla entre quienes habitamos el país. Al concluir el gobierno de Ernesto Zedillo, la deuda pública ampliada equivalía, aproximadamente, a 23 mil pesos por persona. Al término de Vicente Fox rondaba los 29 mil; con Felipe Calderón superó los 50 mil; al cierre de Enrique Peña Nieto llegó a cerca de 84 mil, y al finalizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aproximó a 134 mil pesos por habitante. Para 2026, el saldo ya ronda los 19 billones de pesos: alrededor de 143 mil pesos por cada mexicana y mexicano.
Son cantidades nominales de cada momento y, por tanto, no tienen el mismo poder adquisitivo. Sin embargo, muestran con claridad una tendencia: cada administración entrega una carga mayor a la siguiente generación. Entre 2018 y 2026, el saldo prácticamente se duplicó en pesos, mientras la economía estuvo lejos de crecer al mismo ritmo.
Endeudarse no es necesariamente irresponsable. Una familia solicita un crédito para adquirir una vivienda; una empresa, para comprar maquinaria; y un gobierno puede hacerlo para construir infraestructura que eleve la productividad y genere crecimiento futuro. El problema aparece cuando la deuda financia gasto permanente, cubre déficits recurrentes o sostiene empresas públicas sin corregir las causas de sus pérdidas. En esos casos, el crédito no construye capacidades: solamente aplaza la cuenta. Además del monto se deben observar los intereses. Cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que ya no puede asignarse libremente. Así, los gobiernos futuros reciben un presupuesto parcialmente comprometido antes de tomar una sola decisión. Disminuye su capacidad de responder a una emergencia, invertir o mejorar servicios públicos.
El Paquete Económico debe discutirse desde esta realidad. No basta saber cuánto pretende gastar el gobierno; también debemos preguntar cuánto pedirá prestado, para qué lo utilizará y quién terminará pagándolo. México necesita responsabilidad fiscal, mayor crecimiento y deuda orientada a inversión productiva, no un ajuste que recaiga sobre las familias. La deuda pública también es una deuda entre generaciones. Si el dinero prestado no construye el país que permitirá pagarlo, estaremos heredando obligaciones, pero no oportunidades.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
