La violencia suele medirse en homicidios, robos, desapariciones y denuncias. Es indispensable hacerlo, porque detrás de cada cifra hay una víctima y una familia. Pero existe otra contabilidad menos visible: la de los negocios que cierran, los empleos que desaparecen, las inversiones que se posponen y las comunidades que se empobrecen. La inseguridad también presenta una factura económica y, tarde o temprano, todos terminamos pagándola.
Sinaloa ofrece hoy un ejemplo dolorosamente claro. Durante el primer trimestre de 2026 tuvo 31 mil personas ocupadas menos que en el mismo periodo del año anterior. La mayor disminución ocurrió en la construcción, una actividad que genera empleos y, al mismo tiempo, refleja la confianza para invertir. La subocupación pasó de 11.1% a 12.7%; la informalidad laboral aumentó de 42.3% a 46.4%, y la población que trabaja en condiciones críticas de ocupación creció de 25% a 28.5%.
Dicho de manera sencilla: no solamente se perdieron puestos de trabajo. También aumentó el número de personas que necesitan laborar más horas, que sobreviven fuera de la formalidad o que reciben ingresos insuficientes. La violencia transforma la vida económica aun cuando no aparezca directamente en los balances de las empresas.
Cuando una familia deja de salir a cenar, un comercio vende menos. Cuando un transportista modifica sus rutas o limita sus horarios, aumentan sus costos. Cuando un turista cambia de destino, pierden hoteles, restaurantes, guías, vendedores y trabajadores. Cuando una empresa cancela una inversión, desaparecen empleos que ni siquiera llegaron a crearse. Así se forma una cadena silenciosa que debilita el consumo, reduce la recaudación pública y deteriora las oportunidades.
Por eso, la seguridad pública no debe entenderse únicamente como una tarea policial. También es una política económica y social. Recuperar la tranquilidad exige autoridades eficaces, pero también proteger negocios, reactivar espacios públicos, acompañar a las pequeñas empresas y reconstruir la confianza necesaria para invertir y trabajar.
La lección importa para todo México y particularmente para entidades como Sonora, cuya prosperidad depende del comercio, el turismo, la industria y la atracción de inversiones. Su ubicación estratégica representa una enorme ventaja, pero esa ventaja necesita carreteras seguras, ciudades confiables y certeza para quienes producen y generan empleo.
Combatir la violencia es proteger vidas; también es defender el patrimonio, el ingreso y el futuro de las familias. Si la inseguridad destruye la confianza, ninguna economía puede crecer de manera duradera. La paz, además de ser un derecho, es una condición indispensable para el desarrollo.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
