La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extinción de dominio sobre 2.24 millones de pesos depositados en cuentas relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y algunos de sus familiares, por lo que ahora será un juez quien determine si esos recursos deben pasar a manos del Estado.
Yuriria Torres Páez, delegada de la FGR en Tabasco, confirmó que la petición ya se encuentra en la vía judicial y aclaró que una eventual resolución favorable al Estado no equivale por sí misma a una sentencia penal condenatoria contra Bermúdez.
El exfuncionario, identificado también como Hernán N., es señalado por las autoridades como presunto líder de La Barredora, organización criminal a la que se atribuyen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bermúdez enfrenta procesos por desaparición forzada, extorsión y asociación delictuosa. Fue detenido en Paraguay y posteriormente trasladado a México, donde permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
🔴La extinción de dominio de las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública, Hernán N., por un monto de 2 millones 240 mil pesos, será determinada por un juez, luego de que la Fiscalía General de la República solicitara dicha medida.
— Azucena Uresti (@azucenau) August 17, 2026
Yuriria Torres Páez, confirmó… pic.twitter.com/4riGPJyYHF
La solicitud de la FGR pone el foco no solamente en las acusaciones penales contra el exfuncionario, sino también en el patrimonio que las autoridades consideran posiblemente relacionado con actividades ilícitas.
¿Qué significa la extinción de dominio?
La extinción de dominio es un procedimiento de naturaleza civil y patrimonial, independiente de un proceso penal, mediante el cual el Estado puede reclamar bienes cuando existen elementos para considerar que son producto de actividades ilícitas o que fueron utilizados para cometerlas.
La figura está prevista en el artículo 22 de la Constitución y se encuentra regulada principalmente por la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Esto significa que no es necesario esperar una condena penal para que una autoridad promueva la pérdida de los derechos sobre determinados bienes. Sin embargo, corresponde a un juez analizar las pruebas y determinar si procede o no la acción.
En el caso de Bermúdez Requena, la petición abarca recursos depositados en cuentas bancarias. Si el juez determina que se cumplen los requisitos legales, el dinero podría pasar al Estado; si no, los afectados conservarían sus derechos sobre los recursos.
La legislación también contempla la presunción de buena fe, por lo que quienes resulten afectados pueden acreditar la procedencia lícita de sus bienes o demostrar que desconocían cualquier vínculo con actividades ilícitas.
El dinero, otro frente contra La Barredora
La estrategia de la extinción de dominio busca atacar uno de los principales recursos de las organizaciones criminales: su capacidad económica.
En ese contexto, el caso de Hernán Bermúdez representa un frente adicional a las investigaciones penales que pesan sobre quien fuera responsable de la seguridad pública de Tabasco.
La Barredora se consolidó en Tabasco y extendió su influencia hacia otras zonas del sureste mexicano. Diversas investigaciones y reportes la han relacionado con disputas territoriales, actividades de extorsión y otros delitos, así como con una estructura integrada presuntamente por expolicías y funcionarios.
Su relación con el CJNG ha sido descrita como una alianza marcada también por fracturas y disputas por el control territorial.
Ahora, mientras Bermúdez enfrenta sus procesos penales, los 2.24 millones de pesos quedan en manos de la justicia, que deberá determinar si tienen una procedencia legítima o si deben ser incorporados definitivamente al patrimonio del Estado.
