Pasaron 12 años, tres presidentes, media docena de procuradores y fiscales, comisiones independientes, grupos de expertos y decenas de informes, y Ángel Aguirre conservó su impunidad. Quien fuera gobernador de Guerrero en septiembre de 2014, cuando ocurrió la Noche de Iguala en la que 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, había sido intocable. Gracias a sus buenas relaciones, había podido escapar de la justicia.
Con medio siglo en la política, Ángel Aguirre Rivero fue dos veces gobernador de Guerrero: la primera en calidad de interino, entre 1996 y 1999 (como suplente de Rubén Figueroa Alcocer, depuesto por la matanza de campesinos ocurrida en Aguas Blancas), y la segunda entre 2011 y 2014, tras ser electo en las urnas como candidato de una coalición “de izquierda”.
Militó en el PRI y en el PRD; fue amigo y aliado de muchos presidentes, pero especialmente de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y sus contactos se extendían mucho más allá de Guerrero. Su influencia tocaba a empresarios, militares, dirigentes partidistas, legisladores y medios de comunicación.
Era un peso pesado, e incluso se daba el lujo de hablar de Ayotzinapa como si tuviera autoridad moral para ello. Declaró dos veces ante las fiscalías especiales creadas para investigar el caso, una en 2015, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, y otra en 2019, en la época del fiscal Alejandro Gertz Manero. De ambos fue amigo.
También fue patrocinador de varias carreras políticas en Guerrero, primero como funcionario y dirigente priista, luego como gobernador interino, ex gobernador, diputado, senador y cacique de Ometepec. En 2010, cuando ya militaba en el PRD por invitación de Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, descubrió que era “un hombre de izquierda”, y se convirtió en un personaje influyente que, en 2013 y 2014, estaba más preocupado por controlar la sucesión en la Casa Guerrero, que por los desastres naturales, la conflictividad social y la tragedia de Iguala.
El 23 de octubre de 2014 fue obligado a pedir licencia al cargo de gobernador, pues el PRD nacional tenía que sacudirse el caso Ayotzinapa y endilgarle toda la responsabilidad al presidente Peña Nieto y a su procurador Murillo Karam.
Luego de que el Congreso local aprobó su licencia, Aguirre desapareció de los reflectores, pero no dejó de hacer política. Después de la elección de 2015, en la que el PRI recuperó el Estado, fundó un grupo denominado Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), que fungió primero como corriente interna del PRD en el estado y, después, como grupo independiente que, en las elecciones locales de 2021 y las federales de 2024, trabajó soterradamente en favor de Morena.
Aguirre, a quien los perredistas acusaron de haber cometido un fraude electoral en 1999 para imponer a René Juárez Cisneros (Félix Salgado Macedonio y Andrés Manuel López Obrador hicieron un éxodo por la democracia para exigir la anulación de los comicios), terminó reconciliándose con ellos.
Hoy, en Guerrero todos saben que Aguirre la lleva bien con Félix Salgado, el lider morenista real, y con su hija, la gobernadora Evelyn Salgado.
También se sabe que es cercano a varios de los aspirantes a la Gubernatura que disputan la candidatura de 2027, especialmente de la senadora morenista Beatriz Mogica, quien fue su secretaria de Desarrollo Social, y del ex alcalde de Acapulco Manuel Añorve, senador que pretende, nuevamente, ser candidato a gobernador por el PRI. (En una de esas coincidencias de la política, Añorve fue derrotado por Aguirre en las elecciones de enero de 2011).
Ángel Aguirre presumía de haber salido bien librado del caso Ayotzinapa, pues en más de 10 años nunca se le había fincado responsabilidad. Y, según sus últimos mensajes en redes sociales, estaba activo, con nuevos bríos, y se aprestaba para influir en las elecciones del próximo año a través de su grupo, Izquierda Progresista Guerrerense.
En su calidad de intocable, hasta se dio el lujo de sentarse a la mesa con padres y madres de los normalistas y los defensores de derechos humanos que integraban la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia creada en el sexenio de López Obrador. Esa reunión ocurrió el 17 de septiembre de 2019, y fue auspiciada por el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Hoy se sabe que sí estuvo involucrado, al menos en el ocultamiento de pruebas que hubieran ayudado a dar con el paradero de los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ha sido detenido y se encuentra preso en el Penal del Altiplano, acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada.
El relato de la fiscal Ernestina Godoy, obtenido de testigos protegidos que hasta enero y mayo de 2026 se decidieron a hablar señala que Aguirre habría encabezado una operación premeditada y dolosa para sustraer y desaparecer los videos grabados por las cámaras de seguridad que tenía el gobierno estatal en el edificio del Palacio de Justicia de Iguala.
De conocerse a tiempo, esos videos hubieran sido una valiosa pista para dar con los jóvenes, antes de que las versiones encontradas, la confusión, la colusión de autoridades políticas y grupos criminales terminaran por sepultar, probablemente para siempre, la verdad sobre la noche de Iguala. Lo suyo fue un acto cruel o, como lo dijo Godoy, “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder”, que merece ser aclarada, juzgada y sancionada.
Es deseable que la intervención de la fiscal no surja de motivaciones estrictamente políticas, bajo una lógica electoral, sino de un verdadero afán de esclarecer los hechos, acercarse a la verdad y hacer justicia.
