La Segunda Comisión de la Comisión Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a reforzar las acciones, protocolos y estrategias de prevención y protección contempladas en el programa “Entornos Escolares Seguros”.
La medida surge ante los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que revelan que 28.5% de las personas de entre 12 y 17 años ha experimentado alguna forma de acoso escolar o violencia en su entorno educativo.
El dictamen, aprobado el 22 de julio, plantea que las acciones se desarrollen en coordinación con las comunidades escolares, con pleno respeto a los derechos humanos, al interés superior de la niñez y con el objetivo de consolidar espacios educativos seguros, inclusivos y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, el Sistema Educativo Nacional atiende a más de 34 millones de estudiantes en 258 mil planteles públicos y privados de educación básica, media superior y superior, por lo que se considera indispensable mantener estrategias permanentes para prevenir riesgos dentro de las escuelas.
La estrategia “Entornos Escolares Seguros”, impulsada por la SEP, promueve la corresponsabilidad entre autoridades educativas, familias y comunidades escolares para prevenir factores de riesgo y fortalecer una cultura de paz tanto dentro como fuera de los planteles.
Además, este mecanismo reúne lineamientos, protocolos y acciones de aplicación general orientados a garantizar que los centros educativos sean espacios seguros, saludables e incluyentes, privilegiando medidas preventivas, de convivencia y protección integral, sin recurrir a revisiones o acciones que limiten derechos fundamentales sin sustento legal.
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Con este exhorto, la Comisión Permanente busca que la SEP y las autoridades educativas estatales continúen fortaleciendo las estrategias para ofrecer a las y los estudiantes un ambiente escolar seguro, en el que se prevenga la violencia y se proteja el bienestar de la comunidad educativa.
Con información de Milenio
