El Gobierno de México hizo públicos tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados en una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La información fue presentada durante la conferencia “Derecho de Réplica”, encabezada este miércoles por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, quien explicó que la difusión se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en respuesta a solicitudes de acceso a la información.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que únicamente permanecen reservadas las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales, debido a su naturaleza legal.
De acuerdo con los documentos dados a conocer, el 28 de abril de 2026 el gobierno estadounidense solicitó la detención provisional de 10 ciudadanos mexicanos requeridos por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Entre las personas mencionadas figuran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, así como diversos funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa.
La acusación sostiene que los señalados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, en una presunta conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, además de enfrentar señalamientos relacionados con delitos en materia de armas.
No obstante, los propios documentos aclaran que se trata de acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y no de sentencias condenatorias.
México afirma que no procederá sin pruebas
Durante la conferencia, el Gobierno de México sostuvo que las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de integrar la investigación correspondiente y determinar las acciones legales que procedan conforme al marco jurídico nacional.
Las autoridades reiteraron que, bajo el sistema penal acusatorio mexicano, ninguna persona puede ser detenida o sometida a un proceso únicamente con base en señalamientos escritos.
Asimismo, el gobierno federal aseguró que no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero enfatizó que cualquier actuación deberá estar respaldada por pruebas suficientes y desarrollarse con pleno respeto a la Constitución y al debido proceso.
Cancillería cuestionó difusión de nombres
Entre los documentos difundidos también figura un oficio enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Embajada de Estados Unidos el 30 de abril, en el que México expresó su inconformidad por la divulgación pública de los nombres y cargos de las personas incluidas en las solicitudes de detención.
La Cancillería argumentó que esa decisión podría afectar las investigaciones en curso, los procedimientos de extradición y los derechos procesales de los involucrados.
Además, señaló que las propias autoridades estadounidenses habían solicitado inicialmente mantener la información bajo reserva, por lo que su publicación impidió garantizar la confidencialidad requerida para este tipo de procedimientos judiciales.
Con la difusión de estos documentos, el Gobierno de México afirmó que busca transparentar el manejo del caso y responder a las versiones que señalaban un presunto “blindaje” político en favor del gobernador Rubén Rocha Moya y de los demás funcionarios mencionados en la solicitud presentada por Estados Unidos.
