Un reportaje publicado por The New York Times, en colaboración con Puente News, sostiene que funcionarios y legisladores mexicanos, principalmente vinculados con Morena, han iniciado contactos con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre investigaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump de presuntos vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
De acuerdo con el diario estadounidense, al menos una docena de funcionarios, entre ellos gobernadores y legisladores, habrían buscado establecer comunicación con autoridades estadounidenses, y algunos ya participan en conversaciones confidenciales. El medio señala que varios de ellos buscan anticiparse a posibles investigaciones en su contra.
El reporte de los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer indica que estos acercamientos comenzaron después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El periódico también asegura que una iniciativa de la DEA consistió en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos para persuadirlos de colaborar con las investigaciones.
El diario estadounidense sostiene que las investigaciones también se nutren de información proporcionada por integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en Estados Unidos y por algunos de los 92 presuntos operadores del narcotráfico enviados por México a territorio estadounidense durante los últimos 18 meses, varios de los cuales habrían comenzado a colaborar con fiscales federales.
Las investigaciones que autoridades estadounidenses mantienen abiertas contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa han generado una creciente fricción diplomática entre México y Estados Unidos.
Desde que se hicieron públicas las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descalificado de manera reiterada los señalamientos, y durante sus conferencias de prensa mañaneras ha insistido en que cualquier indagatoria debe realizarse con base en los mecanismos de cooperación entre ambos países y con respeto a la soberanía nacional.
Responde Alfonso Durazo
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, envió una carta al editor y al editor ejecutivo de The New York Times para exigir una rectificación sobre una publicación en la que se hacen referencias a su persona, al considerar que el contenido carece de sustento verificable y afecta su reputación.
En el documento, dirigido a A. G. Sulzberger, editor y presidente del diario, y a Joseph Kahn, editor ejecutivo, Durazo cuestionó la decisión editorial de presentar como hechos afirmaciones que, según señaló, fueron retomadas de una publicación previa de Los Angeles Times sin aportar evidencia adicional que las respalde.
El mandatario estatal afirmó que no ha recibido notificación alguna de autoridades mexicanas o extranjeras sobre la existencia de una investigación en su contra y sostuvo que tampoco existe información oficial que sustente las versiones difundidas.
“Reitero: no he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, expresó.
Durazo consideró que publicar dichas afirmaciones como si fueran hechos comprobados compromete la credibilidad del medio de comunicación y citó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar su postura.
“Publicarla como un hecho sin ese respaldo compromete más la reputación de su medio que la mía, aunque, como diría atinadamente el expresidente López Obrador, ‘la mentira, cuando no mancha, tizna’.”
En su carta, el gobernador sostuvo que corregir una publicación sin sustento verificable constituye una obligación ética del periodismo y no una concesión editorial.
Asimismo, solicitó que The New York Times aclare expresamente que, hasta este momento, no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que ha sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de alguna investigación.
Finalmente, pidió que dicha aclaración tenga una relevancia similar a la publicación original para que quienes consulten la información conozcan que, hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre las afirmaciones difundidas.
“Esta medida no pretende restringir la libertad de prensa, sino restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio alterado por una imputación pública que no tiene sustento verificable”, concluyó el mandatario sonorense.
