México vuelve a colocar la energía en el centro de la conversación pública. La inauguración de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III y el anuncio de nuevas plantas renovables con inversión mixta han sido presentados como señales de soberanía energética, transición y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, más allá del valor político de estos anuncios, conviene hacer una pausa: el desafío más urgente del país no está únicamente en producir más electricidad, sino en garantizar que esa energía pueda conducirse de manera eficiente, suficiente y competitiva. La energía, como el desarrollo, no basta con generarla; hay que llevarla a donde se necesita. De poco sirve ampliar la capacidad instalada si la red de transmisión y distribución no crece al mismo ritmo, porque una planta puede producir electricidad, pero si no existen las “carreteras eléctricas” para transportarla hacia polos industriales, parques manufactureros, centros de datos, ciudades y hogares, esa inversión pierde eficacia. En otras palabras, el cuello de botella no está sólo en los megawatts anunciados, sino en la capacidad real del sistema para entregarlos.
Por eso, el debate no debe reducirse a si el Estado debe o no participar en la generación eléctrica. La pregunta de fondo es dónde debe invertir para generar mayor valor público y fortalecer la competitividad nacional. La respuesta parece cada vez más clara: México necesita que el Estado concentre su esfuerzo en líneas de transmisión, subestaciones, modernización de la red e infraestructura que permita que la energía llegue con calidad, oportunidad y menor costo. La iniciativa privada ya ha demostrado capacidad técnica, financiera y competitiva para desarrollar proyectos solares, eólicos y de generación limpia. Hay capital dispuesto a invertir, tecnología disponible y empresas capaces de asumir riesgos de construcción y operación; en cambio, la transmisión eléctrica sigue siendo una responsabilidad estratégica del Estado. Ahí está el verdadero cuello de botella, pero también la gran oportunidad para construir una soberanía energética moderna. Un país soberano no es el que pretende hacerlo todo desde el gobierno, sino el que sabe ordenar sus recursos con inteligencia. Si los privados pueden construir plantas renovables bajo reglas claras, el Estado debe concentrarse en aquello que sólo el Estado puede garantizar: una red robusta, moderna, interconectada y confiable. Esa infraestructura no sólo sostiene al sistema eléctrico; también es la base de la competitividad nacional. México compite hoy por atraer inversiones vinculadas al nearshoring, la electromovilidad, la manufactura avanzada, la inteligencia artificial y los centros de datos. Todos esos sectores tienen una condición mínima para instalarse: energía suficiente, limpia, estable y entregable. Por eso no basta con anunciar nuevos megawatts; hay que asegurar que esos megawatts lleguen al punto exacto donde se construirá una fábrica, se abrirá un parque industrial o se generarán empleos.
La discusión energética debe superar la narrativa ideológica. No se trata de debilitar a la CFE ni de renunciar a la rectoría del Estado, sino de fortalecerla en su función más estratégica. Una CFE enfocada en transmisión, distribución, confiabilidad y planeación nacional puede ser mucho más útil para México que una empresa obligada a competir en todos los frentes, incluso donde ya existe inversión privada lista para participar. Invertir en redes eléctricas es invertir en desarrollo regional. Significa permitir que el sur-sureste se conecte con nuevas oportunidades productivas, dar certidumbre a la industria del norte, reducir costos para las empresas y mejorar el servicio para las familias. También implica convertir la energía limpia en una ventaja competitiva real, y no sólo en un anuncio gubernamental.
México necesita más generación, sí, pero necesita con mayor urgencia mejores caminos para conducir esa energía. La soberanía energética del siglo XXI no se mide únicamente por cuántas plantas posee el Estado, sino por la capacidad del país para garantizar electricidad confiable, limpia y competitiva para todos. La generación importa, pero la transmisión define si esa energía se convierte en crecimiento o se queda atrapada en el discurso. La apuesta correcta no está en que el gobierno invierta donde el sector privado puede hacerlo bien. La apuesta correcta está en que el Estado construya la infraestructura que hace posible el crecimiento, habilite la inversión y fortalezca la competitividad del país.
Hoy, las carreteras más importantes para el futuro de México no sólo serán de asfalto: serán líneas de transmisión eléctrica.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
