A tres semanas de su última aparición pública, la ausencia de Rubén Rocha Moya se ha convertido en el centro de la conversación política nacional, en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El exmandatario sinaloense solicitó licencia a su cargo a inicios de mayo, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera pública una acusación en su contra por supuesta conspiración para el tráfico de drogas, así como colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, Rocha Moya no ha reaparecido públicamente, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su situación legal y política.
Acusaciones, fichas rojas y postura de México
De acuerdo con reportes oficiales, tanto Rocha Moya como el senador Enrique Inzunza enfrentan fichas rojas de Interpol, derivadas de las órdenes de aprehensión emitidas por autoridades estadounidenses.
Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que el exgobernador permanece en Sinaloa, bajo resguardo de la Guardia Nacional, sin que exista —hasta ahora— una orden de detención ejecutada en territorio nacional.
El gobierno mexicano ha sostenido que no procederá con extradiciones sin pruebas contundentes:
“México solo actuará conforme a su marco legal y con evidencia sólida; no se protegerá a nadie, pero tampoco se actuará sin sustento”, ha sido la postura oficial.
De la acusación a la licencia: así inició el caso
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. desclasificó una acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, señalando presuntos acuerdos con el crimen organizado para facilitar operaciones ilícitas a cambio de apoyo político.
Días después, el 1 de mayo, el entonces gobernador anunció que solicitaría licencia para “no entorpecer las investigaciones” y poder atender su defensa. El 2 de mayo, el Congreso local aprobó su separación temporal del cargo, designando a una autoridad interina.
Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como un “ataque político”.
Investigación abierta y presión internacional
Mientras la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación en México, autoridades estadounidenses han solicitado la detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, hasta ahora no existe un proceso de extradición formalmente aceptado por el gobierno mexicano, que insiste en revisar las pruebas bajo su propio marco jurídico.
El caso también ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, al confrontar la exigencia estadounidense de acción inmediata con la postura mexicana de respeto a la soberanía.
Un caso en desarrollo
Aunque algunos de los señalados en la misma acusación ya se han entregado a autoridades de Estados Unidos, Rocha Moya permanece en México, sin comparecer públicamente y negando los cargos en su contra.
Su paradero confirmado en Sinaloa, pero su ausencia mediática, mantienen abierto un escenario de incertidumbre política y legal.
El caso sigue en curso y podría evolucionar en función de los avances en las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
