La obligatoriedad de vincular el número de celular con la CURP en México deberá cumplirse antes del 30 de junio de 2026, como parte de una estrategia nacional para frenar delitos como la extorsión y el fraude. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la medida busca identificar plenamente cada línea y eliminar los números anónimos, sin excepción legal para quienes decidan no realizar el proceso.
El último día para completar el registro es el 30 de junio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios que no hayan vinculado su línea no podrán realizar llamadas, enviar mensajes ni usar datos móviles. Solo tendrán acceso a llamadas de emergencia, recepción de alertas y contacto con su compañía telefónica.
La disposición aplica a todas las líneas móviles, tanto de prepago como de pospago. No existe una alternativa legal para evitar el registro y mantener activo el servicio. Empresas como Telcel, Movistar, AT&T y Bait serán responsables de resguardar la base de datos. Las autoridades no tendrán acceso directo, salvo en casos de colaboración en investigaciones de delitos.
Para realizar el trámite se deberá presentar la CURP certificada, además de asociar el nombre completo, domicilio y vincular estos datos con la tarjeta SIM. El proceso puede realizarse en Centros de Atención a Clientes, plataformas digitales o portales oficiales de las compañías telefónicas.
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Según el portal del Gobierno de México, la vinculación no requiere datos biométricos ni documentos adicionales. La llamada “prueba de vida”, que implica fotografía y movimientos de cabeza, no almacena información personal y solo verifica la identidad del usuario.
El marco legal, derivado de reformas al artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no contempla excepciones ni prórrogas. Autoridades federales han reiterado que “no habrá prórroga” para cumplir con el registro.
La Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que el objetivo es que la titularidad de cada línea sea auténtica y verificable, como parte de un esquema de apoyo a investigaciones de seguridad y justicia. La administración de los datos estará a cargo de las empresas telefónicas, como explicó Abán Román, director general de Planeación de la CRT.
El incumplimiento no implica una multa económica, pero sí la suspensión automática del servicio, lo que impide el uso normal de la línea. El Gobierno subraya que la medida busca proteger a los usuarios y facilitar la investigación de delitos.
Los usuarios podrán consultar, corregir o reportar inconsistencias en el registro a través del portal del Registro Nacional de Población (Renapo), en caso de detectar uso indebido de su CURP.
