
Hablar de deuda pública en México suele quedarse en consignas: “no ha aumentado” o “está controlada”. Pero cuando se revisan los datos oficiales —de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México— la historia es más compleja, y también más preocupante.
Hay dos formas claras de entender el fenómeno: cuánto ha crecido en monto total y qué tan pesada es en relación con la economía.
El primer dato es contundente. En términos absolutos, la deuda pública de México ha aumentado en alrededor de 10 billones de pesos en los últimos años. Para dimensionarlo: esa misma magnitud de crecimiento tomó más de un siglo en alcanzarse previamente. Es decir, lo que antes ocurrió a lo largo de generaciones, hoy sucedió en menos de una década.
¿Por qué importa esto? Porque la deuda no es mala por sí misma. De hecho, puede ser una herramienta clave para financiar desarrollo. El punto es en qué se usa. De acuerdo con información pública del gasto, no es evidente que este incremento haya estado acompañado de una expansión proporcional en infraestructura productiva —carreteras, energía, logística— que eleve el crecimiento potencial de la economía. Hay proyectos relevantes, sí, pero el debate de fondo es si han sido suficientes frente al tamaño del endeudamiento.
El segundo enfoque es aún más revelador: la deuda como porcentaje del PIB, es decir, qué tanto representa frente al tamaño de la economía. Aquí la tendencia es clara y sostenida.
A inicios de los 2000, la deuda equivalía a 20.7% del PIB. Con el paso de los sexenios, el indicador ha aumentado: alrededor de 33% con Calderón, 45.6% con Peña Nieto, más de 54% en la última administración y cerca de 56.6% recientemente. Este nivel ya rebasa incluso los registros observados al cierre de los años ochenta, en el contexto de la crisis de deuda.
Ese periodo —la llamada “década perdida”— dejó una lección fundamental: cuando la deuda crece más rápido que la economía, el margen de maniobra del Estado se reduce. Se limita el gasto social, se presionan las finanzas públicas y se compromete la estabilidad. No es un tema ideológico, es una restricción económica básica.
Hoy México no está en esa crisis, pero la trayectoria merece atención. Decir que “no ha habido deuda” es, en el mejor de los casos, una simplificación que no resiste el contraste con los datos oficiales.
La discusión de fondo no debería ser si hay deuda o no, sino si el endeudamiento está generando crecimiento suficiente para sostenerse en el tiempo. Porque al final, la deuda no se paga con discurso: se paga con crecimiento.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional


