Cajeme, Sonora, 16 de febrero de 2026.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se celebró audiencia inicial de formulación de imputación tras la ejecución de tres órdenes de aprehensión en contra de Horlando “N”, de 38 años, ex agente de Tránsito de Cajeme, por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las personas, cometido en establecimientos comerciales abiertos al público en Cajeme.
Las causas penales derivan de hechos ocurridos en tres establecimientos ubicados en distintos puntos del sector Las Misiones, en esta ciudad.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en las carpetas de investigación, el 13 de enero de 2026 el imputado ingresó a una farmacia ubicada en calle Santillana y bulevar Las Misiones, donde, portando un arma de fuego, amenazó al personal para apoderarse de dinero en efectivo.
Posteriormente, el 16 de enero de 2026, en una tienda de conveniencia situada en calle Obrero Mundial y carretera Internacional, utilizando el mismo modus operandi, sustrajo dinero en efectivo y diversa mercancía.
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El 17 de enero de 2026, en una pastelería ubicada en calle Jalisco, colonia Municipio Libre, despojó a la empleada de dinero en efectivo, bajo amenazas con arma de fuego.
Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en calle Umbría esquina Etna, fraccionamiento Las Misiones.
El imputado se desempeñó como agente de Tránsito de la Policía Municipal de Cajeme del 26 de octubre de 2015 al 28 de noviembre de 2025, fecha en la que causó baja al no acreditar evaluaciones de control y confianza.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación en las tres causas penales, desarrollándose el acto procesal conforme a derecho. El imputado permanece interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad, a disposición de la autoridad judicial competente.
La FGJES reiteró su compromiso institucional de actuar con firmeza, objetividad y apego irrestricto al marco constitucional y legal, garantizando la protección de las víctimas y el combate efectivo a los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.
