Hermosillo, Sonora.- En Sonora, el uso de menores de edad por parte de grupos delictivos ha comenzado a mostrar una disminución, aunque el problema sigue siendo motivo de atención para las autoridades federales.
Durante 2025, un total de 61 adolescentes fueron detenidos por su participación en distintos hechos relacionados con actividades criminales, en la mayoría de los casos actuando junto a personas adultas.
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Así lo informó el fiscal federal en el estado, Sergio Méndez, quien explicó que estos jóvenes eran utilizados para desempeñar diversas funciones dentro de estructuras delictivas, desde labores de vigilancia conocidas como “halconeo”, hasta la custodia de puntos específicos e incluso el manejo de armas. En muchos casos, los menores aceptaban estas tareas bajo amenazas o castigos físicos, una práctica común dentro de estos grupos para forzar el cumplimiento de órdenes.
“Debo decirle que ha bajado esa incidencia de menores de edad significativamente desde los tiempos que hice esa manifestación, de que podría convertirse en un agravante de las penalidades que le corresponden cuando usen a niños o personas menores de edad”
Del total de menores detenidos, 50 ya fueron judicializados y enfrentan procesos con internamiento preventivo, conforme a lo que marca la ley para adolescentes en conflicto con la ley. El fiscal detalló que, a partir de la detección de este fenómeno, surgió la propuesta de establecer como agravante el uso de niñas, niños y adolescentes en la comisión de delitos, con sanciones más severas para los adultos que los involucren.
Esta iniciativa se encuentra actualmente en análisis dentro del Poder Legislativo y ha sido bien recibida por los legisladores, por lo que se prevé que pueda concretarse en una reforma legal en el corto plazo. De aprobarse, permitiría castigar de manera más contundente a quienes obligan o inducen a menores a participar en actividades del crimen organizado.
Méndez subrayó que no existe un esquema formal de reclutamiento de menores, sino que los grupos criminales suelen captar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, que pasan gran parte del tiempo en la calle o carecen de supervisión. En ese sentido, hizo un llamado directo a los padres de familia para asumir un papel más activo en la vigilancia y orientación de sus hijos, al considerar que la prevención comienza en el entorno familiar.
Finalmente, el fiscal señaló que las conductas violentas utilizadas para someter a los menores, como los castigos físicos, también serán consideradas con mayor rigor dentro del marco legal, al tratarse de prácticas que buscan someterlos mediante el miedo y la violencia.
