San Antonio, la ciudad con mayor concentración de población hispana en Texas, abrió un nuevo espacio digital para que residentes puedan denunciar conductas indebidas de agentes federales, en medio de un clima de creciente tensión por el reforzamiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
El tema fue abordado esta semana durante una sesión pública del consejo municipal, donde autoridades locales y ciudadanos expusieron su preocupación por el aumento de operativos migratorios y detenciones en la ciudad, una tendencia que también se ha replicado en otras localidades del país desde el inicio del actual mandato presidencial.
Desde la toma de posesión de Trump, diversas ciudades han reportado un incremento en acciones de control migratorio, lo que ha generado protestas en urbes gobernadas por demócratas, como Chicago y Mineápolis, así como roces entre agencias federales y organizaciones civiles.
Una ciudad mayoritariamente latina bajo presión
En San Antonio, más del 60 % de sus habitantes son latinos, y durante los últimos 12 meses se han registrado manifestaciones en rechazo a redadas y detenciones, consideradas por activistas como agresivas y discriminatorias.
Ante este escenario, el consejo municipal analizó la coordinación entre el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) y las autoridades estatales y federales de inmigración, especialmente frente al aumento de solicitudes de apoyo en operativos federales.
La alcaldesa Gina Ortiz Jones, demócrata y exfuncionaria de la Administración de Joe Biden (2021-2025), señaló que el Gobierno municipal mantiene comunicación directa con agencias federales, entre ellas ICE, aunque reconoció que el margen de acción del Ayuntamiento es reducido.
“Debemos cumplir y cumpliremos con las leyes estatales y federales, y eso se traduce, francamente, en muy poco margen de maniobra para la ciudad cuando se trata de actividades relacionadas con la aplicación de la ley federal”, afirmó.
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El marco legal que limita a la policía local
Por su parte, el jefe de SAPD, William McManus, explicó que las actuaciones de la corporación están sujetas a la ley estatal SB4, aprobada en 2017 y conocida como la normativa contra las llamadas “ciudades santuario”.
Esta legislación obliga a las autoridades locales a colaborar con las agencias migratorias, bajo la amenaza de sanciones penales y destitución en caso de incumplimiento.
McManus detalló que el departamento modificó su manual interno para ajustarse a la SB4 y advirtió que la norma no impide que las autoridades federales actúen contra personas que, a su criterio, interfieran con operativos migratorios.
“SB4 no prohíbe que las autoridades federales inicien investigaciones o, francamente, arresten a personas que consideren que están interfiriendo con actividades de ICE”, indicó.
No obstante, precisó que la participación de la policía local es limitada.
“Cuando ICE nos llama, no entramos a los domicilios, no esposamos a nadie. Lo único que hacemos es brindar seguridad perimetral y del lugar”, explicó.
Según el jefe policial, las solicitudes de apoyo son poco frecuentes y muy específicas, aunque recalcó que SAPD está legalmente obligado a responder.
Redadas recientes y nuevo grupo operativo
El debate se da dos meses después de una redada masiva en San Antonio, en la que se reportó la detención de más de 140 migrantes, principalmente originarios de Venezuela, Honduras y México.
Tras ese operativo, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron la creación de un nuevo grupo operativo en el sur de Texas, con el objetivo de “combatir el crimen transnacional”.
“Tenemos miedo simplemente por cómo nos vemos”
Durante la sesión, residentes tomaron la palabra para expresar el impacto social de los operativos migratorios. Maria Cid de León, asistente a la audiencia, afirmó que ha notado una mayor presencia de ICE en zonas de bajos ingresos.
“Están yendo a los complejos de vivienda subsidiada, a las tiendas, a las ferreterías”, relató.
Indicó que el temor no se limita a personas sin estatus migratorio, sino que también afecta a ciudadanos estadounidenses.
“Mis hijos están constantemente preocupados de que sus amigos sean llevados. Tenemos miedo simplemente por cómo nos vemos”, dijo.
En tanto, Marta Castilla, promotora comunitaria, explicó que su labor la ha llevado a apoyar a familias impactadas por detenciones recientes.
“Estamos trabajando con familias donde los padres están detenidos y las madres se quedaron solas con niños pequeños”, señaló.
Añadió que el miedo ha llevado a muchas personas a evitar denunciar situaciones de abuso.
“La gente tiene miedo de salir, incluso personas que han vivido aquí toda su vida”, expresó, antes de advertir:
“No hay debido proceso. Se llevan a cualquiera”.
Con información de EFE.
