Las reformas electorales en México no nacieron de la comodidad, sino de la crisis. Cada ajuste profundo al sistema electoral ha sido una respuesta a momentos de ruptura política, desconfianza ciudadana o conflicto poselectoral.
Su objetivo común ha sido siempre el mismo: abrir la representación, reducir la confrontación y construir confianza en la vía pacífica del voto. Recordarlo hoy no es un ejercicio académico, sino una responsabilidad democrática frente a la reforma electoral que se avecina.
El punto de partida de esta historia moderna suele ubicarse en 1977, cuando la reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles y la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales incorporaron la representación proporcional como un mecanismo de inclusión.
En un país marcado por la cerrazón política posterior a 1968, aquella decisión reconoció una verdad elemental: la estabilidad democrática no se logra excluyendo, sino integrando. La pluralidad dejó de ser una amenaza y comenzó a ser entendida como un activo institucional.
La siguiente gran lección llegó en los años noventa. Tras elecciones altamente cuestionadas y una profunda crisis de legitimidad —particularmente en 1988—, el país entendió que no podía haber elecciones confiables si el gobierno era juez y parte.
La reforma de 1996 marcó un parteaguas: el entonces Instituto Federal Electoral se convirtió en un órgano plenamente ciudadano, el Ejecutivo salió del Consejo General y el Congreso asumió la responsabilidad de designar consejeros independientes. En 1997, por primera vez, una elección federal fue organizada sin tutela gubernamental, y los resultados confirmaron el cambio: el partido en el poder perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y se abrió una etapa inédita de pluralismo efectivo.
Esa arquitectura institucional fue la escalera democrática que permitió la alternancia. Gracias a ella, en el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional dejó la Presidencia y llegó el Partido Acción Nacional.
Esa misma escalera permitió, en 2012, el regreso del PRI y la salida del PAN, y en 2018 hizo posible que una nueva fuerza política alcanzara el poder: Movimiento Regeneración Nacional, con más de 30 millones de votos, la mayor cifra registrada hasta entonces.
Nada de esto ocurrió por concesión graciosa del poder, sino porque las reglas fueron construidas entre todas las fuerzas políticas, con acuerdos amplios y con una premisa clara: que fuera la ciudadanía, y no el gobierno, quien decidiera quién se queda y quién se va. Esa es la memoria que hoy debe preservarse.
Reformar no es borrar la historia, sino reforzar los peldaños que hicieron posible la competencia democrática. Retirar esa escalera sería desconocer el origen mismo de nuestra alternancia.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en Derecho Constitucional.
