Hermosillo, Sonora.- En Hermosillo ninguna multa de tránsito puede aplicarse mediante cámaras, radares o sistemas electrónicos sin la intervención directa de un agente de tránsito, aclaró el Congreso de Sonora, al explicar los cambios realizados a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento, con el objetivo de evitar cobros considerados irregulares y dar certeza a la ciudadanía.
“El Congreso tiene la responsabilidad y la facultad de modificar todo aquello que en la ley de ingresos aparezca contrario a la legalidad, que sea inconstitucional, que atente contra los derechos humanos, contra la certeza jurídica… Todo eso que pudiera generar una confusión y un costo extra al bolsillo de los ciudadanos de la ciudadana”.
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Las diputadas María Eduwiges Espinoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, y la regidora, Fanny Duarte, explicaron que el problema no era la tecnología, sino la forma en que el Ayuntamiento pretendía usarla para multar sin que el conductor tuviera conocimiento inmediato ni posibilidad de defensa.
De acuerdo con lo expuesto, el municipio incluyó de manera implícita las llamadas fotomultas en su Ley de Ingresos, sin especificar quién cobraba, cómo se determinaba la infracción ni dónde estaban ubicados los dispositivos, lo que abría la puerta a sanciones de más de mil o dos mil pesos sin certeza jurídica para los automovilistas.
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Ante esa situación, el Congreso modificó el artículo 165 de la Ley de Ingresos para dejar claro que las infracciones de tránsito sólo pueden imponerse cuando un agente debidamente acreditado detiene al conductor y sigue el procedimiento que marca la ley. Cualquier multa generada únicamente por medios electrónicos queda sin efecto.
Las legisladoras calificaron como “tramposa” la estrategia del Ayuntamiento, al señalar que se redujo de manera generalizada el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora para provocar sanciones, incluso en vialidades donde la ley permite circular a mayor velocidad, lo que lejos de mejorar la seguridad vial, convertía el sistema en un esquema recaudatorio.
“Hay que recordar que tramposamente el Ayuntamiento disminuyó el exceso de velocidad a los 50 kilómetros por hora, cuando la ley reconoce eso como el mínimo del máximo”.
También se advirtió que el Ayuntamiento proyectaba recaudar alrededor de 117 millones de pesos en 2026 sólo por concepto de multas de tránsito, cifra que difícilmente podría alcanzarse sin un sistema automatizado de sanciones, lo que reforzó la decisión del Congreso de intervenir.
Finalmente, las diputadas señalaron que la seguridad vial no se construye con multas escondidas ni cobros automáticos, sino con prevención, señalización adecuada, semáforos funcionales y sanciones aplicadas de frente al ciudadano, con reglas claras y sin afectar injustamente su bolsillo.
