A ochenta años de su fundación, la promesa central del sistema multilateral —prevenir abusos de poder, proteger los derechos humanos y ofrecer canales institucionales frente a crisis políticas— enfrenta uno de sus mayores cuestionamientos. El caso de Venezuela es hoy un espejo incómodo de esa erosión. Tras comicios en los que la oposición logró demostrar una victoria electoral, no existió un mecanismo multilateral eficaz que permitiera defender ese resultado ni garantizar una transición política conforme a estándares democráticos básicos. El vacío no fue solo político: derivó en un agravamiento de violaciones a los derechos humanos sin una respuesta contundente y coordinada de la comunidad internacional.
La Organización de las Naciones Unidas, concebida para actuar como garante último del orden internacional, se mostró atrapada en sus propias limitaciones estructurales: vetos cruzados, declaraciones sin consecuencias y misiones de observación incapaces de traducirse en acciones concretas. El multilateralismo quedó reducido a la retórica, mientras millones de venezolanos siguieron enfrentando represión, exilio forzado y el colapso de condiciones básicas de vida. La pregunta ya no es si la ONU falló en Venezuela, sino si sus herramientas actuales son suficientes para responder a crisis democráticas que no encajan en los esquemas clásicos de conflicto armado, pero que producen daños humanos igualmente devastadores.
En ese contexto, la reciente intervención de Estados Unidos reavivó un debate conocido: soberanía versus derechos humanos. Varios países reaccionaron con firmeza discursiva, apelando a la defensa de la autodeterminación y alertando sobre intereses energéticos y petroleros. Sin embargo, esa vehemencia contrasta con el silencio —o la tibieza— que muchos de esos mismos actores mantuvieron durante años frente a un régimen que vulneró de forma sistemática libertades fundamentales. La doble moral resulta evidente: la soberanía se invoca con fuerza cuando conviene geopolíticamente, pero se relativiza cuando el abuso proviene de aliados o cuando el costo diplomático de denunciar es demasiado alto.
Detrás de estas posturas ambiguas se asoman intereses estratégicos claros: acceso a recursos, alineamientos regionales, equilibrios de poder y cálculos internos. Venezuela no es solo una tragedia democrática; es también una pieza en el tablero energético y geopolítico del hemisferio. La defensa selectiva de principios revela un orden internacional donde las normas pesan menos que las conveniencias.
El caso venezolano obliga a una reflexión más amplia: si el multilateralismo no puede garantizar mecanismos efectivos para proteger resultados electorales, prevenir violaciones graves de derechos humanos y ofrecer salidas institucionales creíbles, su legitimidad seguirá erosionándose. La comunidad internacional enfrenta una disyuntiva ineludible: reformar de fondo las estructuras multilaterales para hacerlas operativas y coherentes con sus principios, o aceptar que, ante crisis democráticas como la de Venezuela, el orden global seguirá reaccionando tarde, dividido y con un alto costo humano.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional
