Hermosillo, Sonora.- A casi dos meses del incendio registrado el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, con saldo de 24 personas fallecidas, la investigación continúa su avance entre detenciones, audiencias judiciales y desacuerdos entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y el Poder Judicial.
Tras el siniestro, las indagatorias realizadas por autoridades estatales apuntaron a que el incendio habría iniciado en un transformador ubicado dentro del establecimiento, el cual presentó fallas derivadas de apagones registrados en la zona, lo que provocó la tragedia.
Como resultado de las investigaciones, la FGJES informó que un juez penal autorizó un total de 25 órdenes de aprehensión relacionadas con los hechos.
De estas, siete han sido cumplimentadas hasta el momento, mientras que 18 personas más cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. Para lograr su ejecución, la autoridad obtuvo la autorización de diversas técnicas de investigación, incluidos cateos judiciales.
En el ámbito del proceso penal, la Fiscalía confirmó que el martes 24 de diciembre se llevaría a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de la persona moral propietaria del establecimiento comercial.
Dicha diligencia fue programada a las 17:00 horas, ante un juez oral penal en Hermosillo, con citación emitida por el órgano jurisdiccional.
Ese mismo día, personal de la FGJES confirmó que se trataba de la primera audiencia relacionada con el caso Waldo’s, la cual se desarrollaría vía Zoom y con la comparecencia de todas las partes involucradas. No obstante, la Fiscalía no dio a conocer los nombres ni los cargos de las personas señaladas.
Además, aclaró que no confirmó la autenticidad de documentos difundidos en redes sociales que señalaban presuntas órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales.
Posteriormente, el 26 de diciembre, la FGJES manifestó públicamente su desacuerdo con la actuación de un juez de control que ordenó la liberación de cinco personas detenidas en el marco de esta investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, durante la audiencia de formulación de imputación —iniciada a las 9:00 horas— el juzgador permitió que la defensa extendiera de manera innecesaria el debate con argumentos de forma y no de fondo, como la supuesta ilegibilidad de copias y la falta de documentos a color.
La dependencia estatal aseguró que tanto la carpeta de investigación original como copias fieles fueron puestas oportunamente a disposición de las partes en el Juzgado Oral Penal del Distrito 1.
Asimismo, señaló que, pese a que existía tiempo suficiente y los hechos fueron expuestos con claridad, el juez determinó no continuar con la etapa de vinculación a proceso debido al volumen del expediente.
Como consecuencia, el juez ordenó la liberación de cinco detenidos, no por haberse acreditado su inocencia ni por una detención ilegal, sino para otorgar a la defensa un plazo de 18 días para imponerse de la carpeta de investigación.
La Fiscalía recordó que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen un plazo máximo de 144 horas para definir la situación jurídica de los imputados.
Ante esta resolución, el Ministerio Público del Fuero Común anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes para impugnar la determinación y reiteró que mantendrá firme la pretensión punitiva del Estado.
La FGJES señaló que, durante todo el proceso, ha brindado orientación y acompañamiento a las víctimas, con el objetivo de garantizar su atención y el respeto a sus derechos, y aseguró que continuará informando sobre los avances del caso conforme lo permitan las etapas del proceso judicial.
