Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo de intercambio de información penitenciaria, con el objetivo de reforzar el control y la seguridad en las cárceles guatemaltecas y combatir a grupos catalogados como terroristas.
El convenio fue suscrito por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, quienes encabezaron el acto y destacaron la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado.
El acuerdo se concreta en medio de una crisis penitenciaria que se agudizó tras la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18, declarada organización terrorista por Estados Unidos, ocurrida hace dos meses, así como por el persistente control de las cárceles por parte de estructuras criminales, desde donde se originan gran parte de las extorsiones en el país.
El convenio permitirá el intercambio de información sobre personas privadas de la libertad con posibles vínculos al terrorismo, con el fin de fortalecer la toma de decisiones dentro del sistema penitenciario.
El ministro Villeda explicó que el objetivo es dotar al Estado de “información más precisa, más accesible y más útil para la toma de decisiones con relación a los privados de libertad”.
Por su parte, el embajador Tobin Bradley subrayó que la medida representa “otro golpe contra estos grupos. Un golpe contra las pandillas que han intentado desestabilizar al pueblo de Guatemala”.
El diplomático estadounidense también destacó la reciente aprobación por el Congreso guatemalteco de la Ley Antipandillas, la cual, dijo, “no solo aumenta las penas para los pandilleros, sino también autoriza la construcción de nuevas cárceles para esos delincuentes y designa a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como grupos terroristas”.
Villeda calificó el acuerdo como “histórico para el mundo”, al señalar que se trata del primer convenio de este tipo, y subrayó la importancia de contar con herramientas modernas que permitan al Estado mantener un control sólido, verificable y confiable sobre la población penitenciaria.
“El mensaje es claro: el Estado mantiene el control y hoy lo fortalece aún más”, sentenció el ministro de Gobernación.
El sistema penitenciario guatemalteco atraviesa un proceso de reestructuración tras la fuga de los 20 miembros del Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II, en el sureste de la capital.
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Por este caso, más de una veintena de personas —entre exfuncionarios y trabajadores penitenciarios— han sido detenidas, además de existir órdenes de captura contra la anterior cúpula de seguridad, la cual fue renovada por el actual gobierno.
Con información de EFE
